El juzgado penal número 25 de Barcelona ha absuelto a la activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) Tamara Carrasco del delito de incitación a desórdenes públicos por el cual la acusaba la fiscalía, que le pedía siete meses de prisión. 

La magistrada no ve acreditado que Carrasco enviara en marzo de 2018 un audio sobre posibles acciones de los CDR a nadie más aparte de su grupo de amigos, ni que lo difundiera a través de la aplicación de Whatsapp. Tampoco ve acreditado que ella ejerciera funciones de coordinación dentro de los CDR. La sentencia constata que la Guardia Civil no ha podido acreditar como obtuvo el audio, cosa que considera "poco serio" en investigaciones por delitos tan graves como rebelión, terrorismo o sedición.

Además, no hay ninguna prueba que demuestre que Carrasco envió el mensaje de voz a los CDR que provocaron cortes de carreteras los días siguientes. La Guardia Civil tampoco ha aportado ningún medio de comunicación donde se reprodujera el mensaje ni tampoco pruebas de que terceras personas lo difundieran masivamente.

Igualmente, la magistrada cree que aunque el mensaje se hubiera difundido masivamente, no supondría ningún delito de incitación a desórdenes públicos, puesto que la acusada solo explicaba el que se había relatado en una reunión previa y que se había decidido. En la sentencia se afirma que Carrasco no organizó los cortes de los CDR, y tampoco ve acreditado que se provocaran desórdenes públicos en aquellos cortes.

Confinada antes que nadie

Tamara Carrasco fue detenida el abril del 2018 e inicialmente fue investigada por la Audiencia Nacional por rebelión y terrorismo. En noviembre del mismo año el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidía retirar esos cargos y enviar el caso a los juzgados catalanes por un delito de desórdenes públicos. Aun así, mantuvo sobre Carrasco la obligación de estar confinada en su municipio, Viladecans (Barcelona). 

Carrasco fue detenida el 10 de abril de 2018 en su casa y encarcelada preventivamente durante dos días y permaneció confinada durante más de un año, desde el 12 de abril de 2018 hasta el 20 de mayo de 2019

Seis meses más tarde, la Audiencia de Barcelona acordó que fuera el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona y no el juzgado de instrucción número 1 de Gavà quién se hiciera cargo de la causa contra Carrasco. A finales de mayo del 2019, después de más de un año, el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona ordenaba el levantamiento del confinamiento de Carrasco.