Así lo han señalado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y los responsables de Dependencia e Igualdad y Sanidad, Alfonsa Bonafonte y Miguel Holguín, respectivamente, quienes además han pedido avances en la reforma del sistema y la futura ley, más personal, mejores ratio y condiciones laborales y un mayor control, además de reiterar la petición del cese de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Pérez Urueña ha expresado la preocupación del sindicato ante los brotes de COVID-19 que se dan a conocer en las residencias asistenciales de mayores sin que la Junta aporte información sobre el tema y temen que haya más de lo que realmente se está diciendo, dado que ni siquiera los delegados sindicales se atreven a decir lo que ocurre porque "tienen miedo" a posibles actuaciones de las residencias.

El responsable de la FeSP-UGT ha recordado que hace mucho tiempo que el sindicato denuncia el modelo asistencial, que cada vez más se encuentra en manos de fondos "buitre" y de inversión, y ha censurado que la consejera siempre hable de plazas y no señale que de más de 700 centros residenciales que hay en la Comunidad sólo 18 sean directamente de gestión pública y otros 190 por instituciones privadas sin ánimo de lucro.

En cuanto al número de plazas, ha incidido en que de 47.457 plazas de mayores sólo 11.993 son públicas, pero además en ellas se incluye a las municipales que tienen gestión privada, por lo que no se muestran de acuerdo con este censo. Además, ha agregado que de 42.000 dependientes que tienen reconocida prestación vinculada para "comprar" servicios unas 2.000 tienen menos de 50 euros para costear residencias que cuestan entre 1.529 y 1.789 euros.

Todo ello hace, a juicio de Pérez Urueña, un modelo "mercantilista" más que asistencial que ha demostrado su "fracaso" durante la pandemia, con una Gerencia de Servicios Sociales "desaparecida" que temen que vuelva a hacer lo mismo en esta segunda ola, en un momento en el que la Consejería ha presentado un informe sobre lo ocurrido en el que no hay atisbo de autocrítica.

Miguel Holguín ha analizado el informe, en el que ha asegurado que hay "falsedades", "medias verdades" y "trampas numéricas" y en el que ha afirmado que se culpa del COVID y lo ocurrido en las residencias al Gobierno central y al alto número de plazas.

INFORME SIN CRÍTICAS

A su juicio, se trata de un informe que no es más que una "sucesión de datos, desinformación más que información", sin críticas, asunción de responsabilidades o reconocimiento de haber hecho algo mal y cree que en el sistema se está "condenado" a sufrir la repetición de los errores ya cometidos.

En concreto, ha explicado que hay cuatro bloques, uno inicial que supone una cuarta parte del informe en el que se habla del contexto, desgrana la situación otros países y achaca la situación a mala gestión central y muchas plazas mientras que, en una segunda parte, se hace una especie de "tesina estadística" sobre mortalidad y se aportan una serie de datos "que no dejan ver el bosque".

En otro apartado dedicado a las actuaciones, que ocupa el 38 por ciento, éste porcentaje se reduce al 23 si se centran sólo en las actuaciones de la Consejería, mientras que en el último apartado hay un "final feliz", con una "suerte de resumen" de lo desarrollado, a veces repitiendo frases, que ocupa un 5 por ciento del informe y en el que "no se asume un fallo".

Holguín ha señalado que esperaban un informe claro sobre la gestión y en el mismo no se ha criticado nada, ni una situación que "por pequeña que fuera" ofreciera mejores resultados si se hubiera hecho de otra manera y, en resumidas cuentas, refleja una "gestión perfecta".

De hecho, el responsable de Sanidad de la FeSP de UGT ha censurado que se intente engañar con los datos y ha puesto como ejemplo de ello que el porcentaje de plazas públicas que dice la Junta que hay es del 90 por ciento, cuando sobre los datos del Imserso es del 70, pero además hay un "baile" en el número de centros, ya que se incluyen los de personas con discapacidad.

Además, ha criticado que sólo se haya inspeccionado el 71 por ciento de los centros, es decir, que unos 200 podrían no haber recibido visita de la Consejería, y ha preguntado qué criterios se han seguido para ello, pero además ha expresado su sorpresa por que sólo se hayan intervenido seis centros o abierto diez procedimientos sancionadores "con todo lo que ha caído".

Así, considera que ha habido descontrol porque no tienen ni idea de cuántos residentes hay en el sistema, dejadez en actuaciones como la elaboración de planes de contingencia, ya que todas las consejerías tuvieron listos los suyos antes que Familia, pero además no se dieron los fallecidos hasta finales de marzo u otros datos hasta mucho más tarde.

CONSEJERÍA "INTERVENIDA"

También considera que se actuó tarde con la provisión de equipos de protección e incluso ha afirmado que fuentes de Sanidad han señalado la "nula" colaboración de Familia y casi se ha producido una "intervención de facto" de ésta última por la sanitaria, aunque no se ha hecho de forma oficial por lo que, a su juicio, podría suponer para el gobierno "bipartito".

Fruto de todo ello, entre otras consecuencias, ha sido que el 15 por ciento de los trabajadores hayan dado resultados positivos en COVID, porcentaje que se eleva hasta 27 por ciento si sólo se tienen en cuenta los centros con contagios.

Por su parte, Alfonsa Bonafonte ha criticado la lentitud política que obstaculiza el funcionamiento de las mesas de trabajo para la elaboración de la futura ley de atención residencial, pero además ha censurado su funcionamiento, ya que no se recogen las reflexiones que se hacen en las mismas, con el riesgo que se supone de que en el futuro texto legal se recojan criterios que no se han explicado o analizado, por ello ha pedido rigor y colaboración.

Además, ha apuntado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y ha explicado que el trato en las residencias privadas no es el mismo que en el ámbito público, ya que las primeras "se deben" a la organización empresarial y "siempre falta de personal, medios y recursos".

"La raíz está podrida, hay que sanearla, y eso quiere decir que hay que cambiar de forma urgente las condiciones laborales de los trabajadores", ha añadido Bonafonte, quien además ha criticado que algunas empresas cobren una "tasa COVID".

Además, ha denunciado las condiciones de trabajo actuales, con grandes riesgos como el uso de EPI que son desechables y se reutilizan durante días, jornadas de 14 horas o cambios unilaterales de horarios, entre otros problemas.

Ante todo ello, Pérez Urueña ha reiterado la petición de cese de la consejera. "Por qué no dimite la consejera cuando a día de hoy no queda un solo habitante de la Comunidad que conozca pésima gestión", a señalado, tras realizar una batería de preguntas a la Junta sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión residencial.

Además, ha criticado que sólo cambie el consejero pero el equipo de Servicios Sociales siga siendo mismo de los últimos 20 años. "Cambia el portavoz pero siguen los que mandan", ha agregado.