El Gobierno estudia incrementar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) de los servicios sanitarios y la educación privada hasta el 21%, una medida que contempla el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que supondría el encarecimiento de las consultas de fisioterapeutas, odontólogos y podólogos, entre otros, en el ámbito sanitario, y de los centros de formación privados como colegios, universidades o academias, en el caso del sector educativo. 

Hacienda eleva el IVA de servicios sanitarios y educativos e intenta limitar la subida del IRPF

La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no cuenta con el consenso absoluto en el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, ya que hay quienes piensan que un encarecimiento de las pruebas médicas en clínicas privadas podría provocar una saturación aún mayor en la sanidad pública, ya de por sí estresada a causa de la pandemia del coronavirus. Tampoco están convencidos de la eficacia de la medida autónomos, empresarios y sindicatos.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se ha mostrado totalmente contrario a aplicar al considerar que “un IVA del 21% para los profesionales de la sanidad y la educación aumentará el gasto público, la economía sumergida y ahogará a muchos autónomos".

"No debemos olvidar que estos profesionales desarrollan actividades que son servicios esenciales”, ha señalado Amor. “No son momentos de subir impuestos ni de gravar con IVA actividades que hasta ahora estaban exentas, ni podemos prescindir de ningún profesional en el ámbito de la salud en medio de una pandemia”, añade.

Para el presidente de ATA, la medida tendrá como “consecuencia inmediata un incremento del gasto público, como ha señalado la propia AIREF, y un mayor número de actividades irregulares e incremento de la economía sumergida”.

Escasa eficacia recaudatoria

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), por su parte, ha advertido que si la propuesta se materialza conllevará la “destrucción” de empresas y empleos.

A juicio de la CEOE, la medida tendría “escasa eficacia” recaudatoria, ya que incidiría “muy negativamente” en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, “más aún en un entorno de recesión económica como el actual; y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo”.

“Esto podría tener un efecto económico contrario al deseado", advierte la CEOE, que indica que tal y como refleja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el apartado relativo a exenciones de sanidad y educación de su informe ‘Evaluación del Gasto Público 2019’, el incremento de recaudación derivado de eliminar la exención de IVA sería inferior al coste para el sector público de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellos individuos que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación. 

“Hay razones para rechazar este cambio fiscal, ya que dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que están demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia”, insiste la CEOE, que concluye que "ambas exenciones, de carácter social y que tienen el objetivo de abaratar el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales".

UGT cree que ahora no son aconsejables por la pandemia

Por otra parte, organizaciones sindicales como UGT también opinan que no es el momento más indicado para subir impuestos. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha señalado que no ve "aconsejable" la posible subida del IVA al 21% a la sanidad y la educación privadas "en estos momentos" por la crisis derivada por la pandemia del coronavirus. "En todo caso, creo que en estos momentos las subidas del IVA no son aconsejables, y menos en estos dos sectores", subrayó en declaraciones a La Sexta.