Mientras Martín León ha dimitido del puesto al estar procesado en una causa judicial que investiga presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida, dicho dirigente sindical ha avisado de que el organismo "sigue descabezado 'sine die' en un inicio de curso tan complicado como este, marcado por la pandemia del coronavirus" Covid-19.

En concreto, al comenzar la legislatura, con el Gobierno de PP y Cs al frente de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de la Consejería de Educación fue encomendada a Joaquín Pérez Blanes, si bien tras su renuncia alegando motivos familiares, dicho departamento fue encomendado a Marta Escrivá, hasta entonces viceconsejera de Educación y Deporte, siendo esta dirigente de Cs cesada hace pocos días y relevada por Martín León, quien acaba de dimitir.

"La gestión de la educación en la provincia se encuentra a medio gas en un momento crítico. Además de los innumerables problemas y contratiempos propios que surgen cada año, en este nos encontramos con la inactividad educativa presencial desde mediados de marzo, los numerosos casos de contagio en las aulas y las incidencias que se están produciendo entre los trabajadores y trabajadoras de los centros docentes, con cuarentenas que obligan a permanecer en casa dos semanas", explica Albéndiz, lamentando la "situación de desgobierno de manera indefinida" que padece la Delegación Territorial de la Consejería de Educación.

Según ha precisado, "la falta de responsable provoca que haya numerosas vacantes y sustituciones pendientes de cubrir porque necesitan una firma". "Se da la circunstancia de trabajadoras que han renunciado a su empleo para ocupar un puesto en Educación y actualmente se encuentran a la espera, ya que han sido llamadas para incorporarse a un centro docente, pero la falta de firma las mantiene en un limbo, sin sueldo ni prestación por paro", critica Albéndiz.

Igualmente, gestiones como las bajas médicas de todo el personal se "encuentran paralizadas porque el trámite requiere la firma del titular de la Delegación", avisa.

"Es intolerable que situaciones internas de un partido perjudiquen a un servicio público esencial como es la educación no universitaria. Por encima de esto debería existir alguien que ponga remedio, pues esto no es un problema local o sectorial de Educación, sino un problema de Gobierno, y es muy grave lo que está transmitiendo el Gobierno andaluz con esta situación, para la que exigimos una solución inmediata", sentencia Albéndiz.