Esta postura ha sido respaldada en la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE), al que pertenece el Colegio, y el Sindicato de Enfermería, y tiene en cuenta los "riesgos" que supondría materializar esta medida para la "seguridad de los ciudadanos".

El Colegio de Enfermería ha defendido que estas pruebas sean realizadas siempre por el personal sanitario que cuenta con la cualificación y competencias para hacerlo "con plenas garantías" y de conformidad con la normativa vigente.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una actividad sanitaria asistencial que deben realizar, en todo caso, las enfermeras y enfermeros y otros profesionales sanitarios cualificados.

"Es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas, cuando estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de COVID-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura", han señalado desde la Mesa de la Profesión Enfermera.

A su juicio, "la intención de los farmacéuticos va en contra de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos que han implementado las autoridades sanitarias al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad".

Asimismo, la Mesa de la Profesión ha manifestado que las oficinas de farmacia "no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas".

Al hilo, ha reiterado la necesidad de contar con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas, una gestión óptima de la eliminación de los residuos generados contaminados, personal cualificado para la realización e interpretación de las pruebas, así como registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública.

Los test rápidos funcionan con una muestra de mucosa del paciente y la recogida de dichas muestras "es una actuación muy compleja que no puede hacer cualquiera", con lo que "es imprescindible que sea un profesional sanitario preparado al respecto, como las enfermeras o los médicos", ha añadido la Mesa.

Asimismo, ha recalcado que permitir que los farmacéuticos realicen estas pruebas "supone jugar con la vida de los pacientes, porque una persona no cualificada puede extraer una muestra incorrecta y generar un falso negativo".