Según precisa el Ayuntamiento, la persona en cuestión, que responde a las iniciales de J.M.N., ocupó ilegalmente una vivienda propiedad de AVRA, la empresa pública de vivienda de la Junta de Andalucía, en el año 2018. La Junta de Andalucía, como titular del inmueble, "inició el procedimiento judicial por la vía penal para desalojarla de la propiedad, cuya sentencia ha sido ejecutada hace dos semanas".

El Ayuntamiento sostiene que ha mantenido, incluso antes de la fecha de la ocupación, diferentes reuniones con la afectada, en las que la ha instado a "conseguir un alquiler que el Consistorio financiará al 50 por ciento durante un año, ofreciéndole, además, otras ayudas sociales".

Como refiere la edil de Bienestar Social, Mercedes Bueno, "incluso le planteamos hacerle un contrato de carácter social si lo necesitaba para acceder al alquiler de la vivienda, pero estamos esperando que nos lo haga llegar para poder ayudarla". "También, -prosigue la concejala- se le arreglaron todos los papeles con toda la documentación requerida para que pudiera acceder al Plan de Empleo de Urgencia Municipal, lo que tampoco ha hecho". Y por último, -finaliza-, "se la ha alojado en un hostal durante dos semanas tras ejecutarse el desahucio llevado a cabo por la Junta de Andalucía".

Es más, el Ayuntamiento expone que estas personas han sido alojadas por un familiar, por lo que "en ningún momento han estado en la calle", sosteniendo que el Ayuntamiento de La Rinconada es de los pocos en España que tiene la certificación de 'Excelencia en Bienestar Social', una catalogación lograda durante cuatro años consecutivos -algo que sólo ha conseguido Miranda de Ebro (Burgos)-, lo que pone de manifiesto "nuestro compromiso con las políticas de bienestar para que llegue IU a tratar de ensuciar ese trabajo mintiendo a la ciudadanía".

La responsable municipal del ramo ha aclarado también que "IU está perfectamente al tanto de la situación de esta persona y el propio portavoz de IU en esta materia en La Rinconada, Francisco Ignacio Ruiz, ha reconocido el esfuerzo municipal en este caso concreto". Por ello, reclama una "rectificación inmediata de las acusaciones", ante "una acusación falsa utilizando para ello a una persona en situación de especial necesidad por tratar de sacar rédito político".