Así lo ha señalado el consejero de Desarrollo Rural y Ganadería, el regionalista Guillermo Blanco, este miércoles en el Parlamento, en respuesta a preguntas del diputado del PP Roberto Media, que ha criticado el "empecinamiento" del Gobierno por recurrir las sucesivas subastas de Guriezo, pese a que la de 2016 ya tiene sentencia firme del Tribunal Supremo dando la razón al Ayuntamiento, y la de 2017 tiene sentencia a favor del TSJC, que también ha sido recurrida por el Gobierno ante el TS, como ahora la subasta de 2018.

Media ha reprochado a la Consejería que también haya solicitado la nulidad de la convocatoria de 2019 para la adjudicación de los aprovechamientos forestales, y ha afirmado que todos estos recursos obedecen a "caprichos políticos".

"Dejen en paz a los vecinos de Guriezo", ha afirmado el diputado del PP, en línea con la "persecución" que denunció tras hacerse pública la sentencia de julio el que fuera alcalde de Guriezo con el PRC, Adolfo Izaguirre, ahora teniente de alcalde del PP y concejal de Montes tras la reciente moción de censura que desbancó de la alcaldía, con su apoyo, al regionalista Angel Llano.

El consejero ha contestado que el sistema utilizado por el Ayuntamiento de Guriezo "no cumple la legalidad vigente pues no constan" en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los términos de los consorcios que amparan su uso particular: condiciones económicas y técnicas, plazos, etc. "y de ahí la oposición a seguir prorrogando unos consorcios de los que no se dispone de dato alguno".

Ha añadido que el Gobierno de Cantabria considera necesario continuar con los recursos contra una situación "anómala y sin control de la administración forestal, que además atenta contra los principios de concurrencia y publicidad".

Además, ha destacado que de esta forma "se evita un daño a las arcas públicas, dado que los ingresos por los aprovechamientos de la madera de los supuestos consorciantes no se ingresan en el erario municipal y terminan en el patrimonio de terceros que no tienen acreditado ningún derecho sobre el monte de utilidad pública".

JURISPRUDENCIA

Según ha detallado Blanco, el recurso de casación del Gobierno busca que se dicte doctrina sobre el problema de las renovaciones tácitas de los convenios de repoblación forestal. "Hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, las subastas seguirán siendo litigiosas", ha afirmado.

El Ejecutivo argumenta en su recurso de casación que la sentencia del TSJC de julio realiza una interpretación de la normativa en materia de montes que puede ser "gravemente dañosa para los intereses generales" al "obviar" que los convenios o consorcios deben ser conocidos y supervisados por la administración forestal competente, que debe fiscalizar si las concesiones (o prórrogas de consorcios) se conceden por las entidades propietarias de los montes de utilidad pública conforme a la normativa.

El consejero ha argumentado que la sentencia "afecta a un gran número de interesados", tanto atendiendo al número de consorciados afectados por la propia sentencia, como por la posibilidad de su aplicación a otros procedimientos de prórroga de consorcios o concesiones, que serían concedidas "sin el control y supervisión que la legislación vigente otorga a la administración forestal".

"Se estima que solo en Guriezo hay aproximadamente unos 700 consorcios. Por tanto, si se extrapola al resto de los montes de utilidad pública de Cantabria serían miles de afectados entre las prórrogas que se han legalizado y las que podrían ser legalizadas con este ilegal procedimiento", ha señalado Blanco.

Ha añadido que al no disponer la administración forestal de información de los citados consorcios, se desconoce si dichas prórrogas se han concedido conforme al procedimiento legalmente establecido "y especialmente si se han respetado los principios de publicidad y concurrencia", cuestión que en modo alguna se ha acreditado por el Ayuntamiento de Guriezo", ha dicho.

A preguntas del diputado del PP sobre las costas de todos estos recursos para las arcas regionales, Blanco ha respondido que hasta el momento solo cabe consignar las costas de la sentencia firme de 2016, por importe de 3.500 euros.