"No podemos retroceder ni un paso; no vamos a dudar en defender los servicios públicos", han reivindicado en rueda de prensa en Les Corts a dos días del debate de una propuesta conjunta de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) para iniciar los trámites de reversión del Hospital de Torrevieja (Alicante) ante el fin de la concesión en octubre de 2021. Este miércoles también se reúne la comisión de seguimiento del pacto reeditado en 2019 con la entrada de UP.

Lima, también coordinadora autonómica de Podem, ha hecho hincapié en que el tripartito tiene un acuerdo de legislatura firme y un "compromiso con la gente" que se debe plasmar en los presupuestos, un pacto que ve más vivo y necesario que nunca por el coronavirus. Por contra, ha criticado a los que apuestan por "dinamitar lo público" o "disfrazan de colaboración público-privada las privatizaciones". "Tenemos muy claro que es incompatible con la mayoría social", ha recalcado poniendo el ejemplo de los gobiernos PP-Cs en Murcia o Andalucía.

Para UP hay dos bloques muy visibles y completamente incompatibles y antagónicos: el Botànic y "el de las derechas" formado por PP, Cs y Vox, por lo que cree que hay que estar a la altura de la reconstrucción. "Tenemos muy clara nuestra respuesta: la única salida de esta crisis es social y 'botánica', ha insistido la líder de Podem, para criticar a Ciudadanos por "intentar desestabilizar y crear división" en el seno del Consell.

Aunque ha asegurado que entiende la postura del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, de "querer dialogar con todos porque tiene un talante dialogante", ha advertido que "es bastante triste que no se haya aprendido de los errores del pasado" con las reversiones sanitarias. "La colaboración público-privada es una forma suave de hablar de privatización, no podemos ceder: la reversión está en el acuerdo del Botànic y no podemos dudaren terminar con la concesión", ha ahondado.

POSIBLES PACTOS CON Cs

También ha sostenido que el PSPV tiene claro este modelo aunque "lógicamente tienen sus dudas y debates" y que en Unides Podem se sienten cómodas revirtiendo hospitales o inspeccionando residencias porque lo recoge el pacto de reconstrucción al que se sumaron todos menos Vox. "Cumpliendo esas líneas, cualquiera es bienvenido", ha afirmado en relación a posibles pactos con Cs en los presupuestos.

Eso sí, Lima ha dejado claro que el modelo de los de Toni Cantó es "incompatible" con el de UP porque Cs quiere "cinco año más de concesión" y ellos que continúe el 'modelo Alzira', tras la reversión a gestión pública de este departamento de Valencia en 2018. Les ha invitado así a sumarse a unos presupuestos fiscales y expansivos

Otras de las propuestas de UP al margen de las cuentas de 2021 son que se convoque una comisión de seguimiento del Botànic para evaluar el cumplimiento de los acuerdos de reconstrucción, así como que la Generalitat "piense muy bien" dónde destinará los fondos de la Unión Europea.

LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

Por otro lado, Blanes (Esquerra Unida) ha presentado las enmiendas de Unides Podem a la futura ley valenciana de Función Pública, un proyecto que ven positivo pero que cree que se puede mejorar porque está en marcha desde 2017 y "han cambiado muchas cosas".

UP apuesta por evaluar la planificación de recursos humanos por objetivos y por acabar con el "anómalo" grado de interinos en la administración valenciana. Esto pasaría por una medida transitoria de cuatro años para que puedan volver a acceder a las bolsas las personas que han superado alguna oposición en los tres últimos años.

También rechaza que se mantenga la libre designación de forma "abusiva" como hasta ahora, eliminando los supuestos para usar esta figura en las jefaturas de servicio, y plantea un plan semestral de formación para la función pública.

Sobre el teletrabajo, Unides Podem cree que debe estar regulado con unos mínimos como un derecho para todos los funcionarios, "sin ningún tipo de discriminación" y de forma preferente para las personas que necesitan conciliar o para discapacitados.

Otra de sus peticiones es una reserva del 10% de plazas para personas con discapacidad funcional y del 2-3% adicional para discapacitados intelectuales, con pruebas independientes para un colectivo "amplio y homogéneo". Propone además eliminar el requisito lingüístico a personas ciegas y sordomudas.