El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado efectiva la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, desde este mismo lunes y le ha requerido que se abstenga de ejercer las funciones propias de su cargo público.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC han formalizado la ejecución de la sentencia del Supremo que confirma la inhabilitación de Torra, y pide al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que inicie los trámites para su sustitución interina.

El auto, que puede ser recurrido pero sin que se suspenda su efectividad, da por incoada la ejecución de la sentencia del Supremo, que confirma la pena de año y medio de inhabilitación para Torra, argumentando que contra la misma "no cabe recurso alguno, ni ordinario", excepto el de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El auto dispone requerir "personalmente" a Torra -en su despacho de la Generalitat- que se abstenga de "ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular del cargo de president de la Generalitat", y de la imposibilidad de obtener el mismo u otros durante el tiempo de condena.

La sala insta a comunicar esta resolución al secretario de Govern, Víctor Cullell, así como expedir un oficio dirigido al vicepresidente Aragonès para que "resulte activada la sustitución interina" de Torra, de acuerdo con lo previsto en el Estatut y en la ley de presidencia de la Generalitat.

También acuerda el TSJC informar de su resolución y notificar la sentencia declarada firme al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera,

Asimismo, la sala ha convocado a las partes el próximo 5 de octubre a una audiencia en la sala civil y penal del TSJC para "fijar los términos de la liquidación de las penas impuestas", que incluyen la inhabilitación de Torra para cargos públicos electivos, ya sea locales, autonómicos, estatales o europeos, así como para funciones de gobierno en esos mismos ámbitos.

El tribunal obliga a Torra a hacer efectivos los 30.000 euros a que asciende la multa que se le impuso por desobediencia, con la advertencia de que se acudirá a la vía de apremio antes de hacer cumplir la responsabilidad personal subsidiaria impuesta en caso de impago, que es de un día de prisión por cada dos cuotas no abonadas.