Los 31 migrantes pasaron a disposición judicial el mismo viernes tras arribar a las costas isleñas en patera y, en lugar de ser internados, fueron derivados a un centro de acogida humanitaria en régimen abierto en tanto se estudia su petición de asilo.

La autoridad judicial tomó esta decisión tras escuchar las alegaciones de cada uno de los migrantes en contra de su internamiento. La instructora les ofreció la posibilidad de solicitar protección internacional, de acuerdo con las nuevas competencias que atribuye a los jueces españoles la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con sede el Luxemburgo).

El pasado 20 de junio, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por un magistrado del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, el Tribunal Europeo legitimó a los jueces españoles de instrucción para ofrecer protección internacional en los supuestos previstos por la ley de asilo, cual es el caso de los migrantes que huyen de una guerra. Hasta que Luxemburgo no se pronunció, los jueces no podían hacer esta oferta, sólo la fuerza policial y el Ministerio Fiscal.

Se trata de la primera vez que la resolución del Tribunal de Luxemburgo se aplica en el archipiélago canario, o al menos la primera vez de la que hay constancia oficial. En base a las peticiones de asilo formuladas por cada uno de los 31 pasajeros de la patera, la magistrada instructora dispuso "no autorizar el internamiento" de los inmigrantes en el CIE.

La Subdelegación del Gobierno proyectaba enviarlos al Centro de Internamiento de Hoya Fría, reabierto la pasada semana tras el cierre motivado por la pandemia de coronavirus.