Parecía que no quedaba otra. Siete meses de pandemia fueron suficientes para que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso abordaran la complicada realidad de la Comunidad de Madrid por culpa de la pandemia del coronavirus. "Hemos venido a ayudar, no a enjuiciar", dijo el presidente del Gobierno con las banderas de España y de la Comunidad de fondo, escoltado por una presidenta que aceptó la mano tendida y tendió la suya, conscientes ambos de que la situación es "muy difícil". Daba la sensación de ser la tormenta perfecta que por fin sirviera para que ambos, estandartes de los dos bandos que se han formado en esta crisis, enterrasen las diferencias. Nada más lejos de la realidad. En una horas durante este fin de semana la tregua ha saltado por los aires.

La principal conclusión de aquella reunión fue crear un comité -el grupo Covid-19- en el que las administraciones se coordinaran para doblegar la curva. Simón, Aguado o Ruiz Escudero serían las cabezas visibles del mismo. ¿El objetivo? Escenificar coordinación entre el Gobierno central y el regional. Cuatro días después parece que eso (aunque sigue en pie) no existe. Buena prueba de ello se vio este mismo viernes.

Salvador Illa pide a Ayuso revisar sus decisiones: "Hay un riesgo serio para los ciudadanos de Madrid"

Al mediodía estaba prevista la comparecencia del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, para explicar las nuevas restricciones en Madrid. Todo en orden. O no. Moncloa cambió su paso y contraprogramó una rueda de prensa del ministro Salvador Illa. Misma hora, dos voces y distintos planteamientos. El Gobierno de Ayuso decidió ampliar los confinamientos a otras ocho zonas sanitarias, pasando así de 37 a 45. Y nada más. A pocos kilómetros de distancia, Illa avisaba: "Hay que aplicar las medidas a toda la ciudad de Madrid y a los municipios que superen una incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes". El tope del Ejecutivo regional está en 1.000 casos. Es decir, total desacuerdo y total descoordinación.

Las conversaciones, o no sirven o no existen. Zapatero reconoció no tener ni idea de que Illa iba a comparecer, mientras Moncloa comunicaba a través de Iván Redondo que llevaban "varios días" intentando que la Comunidad atendiera las peticiones de Sanidad. El Gobierno madrileño lo niega. El espacio de diálogo, por tanto, si no está roto, sí tiene una grieta prácticamente insalvable.

"Da la sensación visto lo visto ahora que lo que buscaron con la reunión en Sol fue la foto y nada más", explican fuentes consultadas por 20minutos. "Vuelven a no centrar el discurso en lo importante, solo en el choque" mientras los sanitarios miran atónitos y los ciudadanos esperan hasta saber qué límite tendrán las restricciones. Desde ambas partes insisten en que la mesa sigue adelante y que las comunicaciones se mantendrán. Pero en Moncloa la paciencia parece que empieza a agotarse.

"Está en riesgo la salud de los ciudadanos"

Así lo demostró este sábado el propio Salvador Illa. "Hay que ver los datos de la Comunidad de Madrid, cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, lo digo porque es así", expresó el ministro en otra comparecencia, con un tono mucho más vehemente del que acostumbra. Deja sobre la mesa la petición para Ayuso: que la Comunidad de Madrid "escuche a los expertos" y tome las medidas que pide el Gobierno central. De momento, no quiere hablar de estado de alarma, pero dejó entrever que es una posibilidad que no se descarta.

Las reacciones en el PP no tardaron en llegar. El consejero de Justicia, Enrique López, acusó al Ministerio de Sanidad de "deslealtad" y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pidió a Illa que "deje de enredar". Lo cierto es que la situación, parece, se va a quedar en una calma tensa. "Nadie va a querer dar el paso de pedir o instalar el estado de alarma", comentan los analistas.

La gota (casi) final ha sido la dimisión de quien iba a ser el portavoz de ese grupo Covid-19. Emilio Bouza ha renunciado a su cargo. Fue designado para atender "las demandas informativas de la sociedad" que deriven de este equipo, que busca "dar seguimiento y respuesta a la evolución de la pandemia en la Comunidad".

A última hora de la noche del sábado el Gobierno de Madrid daba a conocer que podría aceptar el cierre de Madrid que le pide Sanidad, pero tendría bajo unas condiciones dictadas por Ayuso. Y es que de nuevo este domingo los ministros Illa y Darias cruzaron afirmaciones en las redes sociales con el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, dando a entender que las posiciones entre las partes siguen tensas y alejadas. El lunes, si nada cambia, el grupo Covid-19 volverá a reunirse en Sol, quién sabe si para tomar alguna decisión drástica.

En este contexto de tensión política, el virus avanza en Madrid -y en España en general, con otras zonas como Navarra, Castilla y León o Cataluña en una situación delicada- y el conato de coordinación y de amabilidad ha pasado, de la noche a la mañana, a convertirse en una vuelta a los dardos, los reproches, los mensajes cruzados e incluso las amenazas. Como en los meses de marzo y abril. Pasó en la primera ola, y está pasando con la segunda. "Madrid es España dentro de España", dijo Ayuso, pero lo cierto es que el Gobierno de España y el Gobierno de Madrid ven las cosas de diferente manera.