La iniciativa ha sido defendida por el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto quien ha basado sus argumentos en la experiencia de la Comunidad sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía que tiene "idéntica naturaleza".

Así, durante su intervención, García Nieto ha insistido en el caos generado en torno a la gestión de esta prestación que necesita una "estructura administrativa compleja y ágil" sobre lo que la Junta está "perfectamente entrenada" para evitar los "retrasos" que se están dando y que es "lamentable" cuando se habla de "supervivencia"

Para el procurador del PP los datos son "demoledores", ya que se han presentado 900.000 solicitudes de las que únicamente se han resuelto 86.000 y de ellas sólo 10.000 corresponden a nuevos beneficiarios porque el resto es una trasposición de la ayuda por hijo a cargo.

"¿Tanto bombo para esto?", se ha preguntado el procurador, quien ha insistido en que la situación es "caótica" y "el hambre y la necesidad no entiende de plazos".

Frente a esta situación a situado a la gestión de la Junta que mantiene "de forma puntual" la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía con 8.856 familias beneficiarias.

"Reivindicamos gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital en las mismas condiciones que Navarra o País Vasco", ha aseverado.

Esta iniciativa ha sido respaldada también por Ciudadanos, cuyo procurador Miguel Ángel González. "Ha fallado planificación y coordinación en una ayuda cargada de procedimientos farragosos, escasa información y un programa al margen del resto de administraciones".

En intervención ante el pleno, González ha afirmado que su formación política apoya el IMV "como herramienta necesaria para cubrir las necesidades básicas de las personas que lo están pasando peor y reducir las desigualdades", ante la grave situación de vulnerabilidad económica. Del mismo modo, ha señalado que no está de acuerdo con la gestión de esta ayuda, "si es que puede llamarse gestión".

"De la misma manera que una justicia lenta no es justicia, una ayuda que llega tarde no es ayuda". De esta forma, ha criticado el exceso burocrático y falta de operatividad del sistema de solicitud, "propio de otros tiempos y otras latitudes". En definitiva, "una iniciativa que se resume en mucha propaganda y pocas ayudas".

Sin embargo, la iniciativa ha contado con el voto en contra del PSOE. Así, la procuradora Isabel Gonzalo ha defendido que el Ingreso Mínimo Vital es una herramienta "fundamental" y ha señalado que su finalidad es "eliminar desigualdades", por lo que ha considerado importante que sea gestionado desde el Estado.

Gonzalo ha recordado que el Gobierno central ya trabaja para "agilizar y gestionar" con más celeridad la prestación, un punto en el que ha afeado que la Junta, tras diez años de gestión de la Renta Garantizada, haya sido "incapaz" de cumplir con el plazo de tres meses para conceder la ayuda.

"¿Están seguros de que lo van a hacer mejor?", se ha preguntado la socialista, quien ha reclamado que se deje trabajar al Gobierno de España.

En el mismo sentido, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha afeado que Castilla y León "quiere la patente" y no "quiere la igualdad". "Quiero ver colaboración por encima de medallitas y celitos partidistas", ha aseverado.