La demanda efectiva en toda España podría rondar las 190.000 viviendas sociales al año, sobre todo en los grandes núcleos urbanos que han vivido una rápida expansión durante estos últimos años. Un porcentaje de entre un 25% y un 35% de la población podría ver satisfecha su necesidad con el parque de viviendas vacías existentes, fomentando la vivienda en alquiler, según el informe.
En los datos por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que presenta una demanda más elevada -200.000 viviendas-, que procede principalmente de Barcelona capital, su área metropolitana y su provincia; le siguen la Comunidad Valenciana, con 123.000; Andalucía, con algo más de 116.000, y la Comunidad de Madrid, donde la demanda supera las 114.000 viviendas.
Mientras, con menos demanda que en esta comunidad se encuentran Extremadura (10.512), Canarias (9.729), Asturias (6.222), La Rioja (5.746), Islas Baleares (3.000), Ceuta (2.500), Murcia (2.408) y, finalmente, con la menor demanda de España, Melilla (1.205 viviendas sociales).
En el repaso por territorios, la Comunidad Autónoma con más suelo disponible para la edificación de viviendas de protección pública es Andalucía, con una cifra superior a 37.000; le siguen Madrid (34.680), el País Vasco (32.050) Cataluña (más de 25.000) y Asturias, con alrededor de 23.500.
Con menos disponibilidad de suelo aparecen Extremadura (7.850), Galicia (5.117). Aragón (4.700), Castilla La Mancha (4.020), Canarias (3.600), Murcia (1.170) y, en último lugar, Islas Baleares, con disponibilidad de suelo para 380 viviendas protegidas.
Según el informe, la demanda de vivienda protegida nueva se verá claramente insatisfecha, debido al bajo ritmo de iniciación de este tipo de viviendas desde mediados de 2007, ya que las iniciadas en 2009 no se adjudicarán hasta 2011, las iniciadas después del verano de 2007 se ofertarán en 2009, las iniciadas en 2008 en 2010.
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