La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la conselleria de Interior por incumplir el deber de proteger a los Mossos de los riesgos laborales derivados de la Covid-19. 

El tribunal declara que es de aplicación al cuerpo policial la normativa de este tipo de riesgos y condena a Interior a hacer la evaluación correspondiente y planificar la actividad preventiva de todos los puestos de trabajo de los Mossos. 

También le obliga a incluir la valoración de los riesgos biológicos y bacteriológicos. Los magistrados han estimado parcialmente la denuncia del sindicato policial USPAC, que acusaba a la conselleria de no procurar a los agentes el material de protección necesario, de esconder bajas laborales y de reincorporarse agentes sin PCR negativa.

Según la USPAC, la sentencia declara probado que, en dos meses, el coronavirus afectó a cerca de 3.000 agentes, casi un 14% de toda la plantilla, y declara "ilegal" que entre el 10 de marzo y el 1 de abril no se hicieran pruebas PCR antes de reincorporarse policías de baja por Covid-19.