La secretaria del Sector Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT-Aragón, Angélica Mazo, ha lamentado la situación por la que están atravesando los trabajadores del sector y ha alertado de que se están llegando a realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en una situación en la que la intensidad del trabajo ha aumentado debido a la crisis sanitaria.

Durante su intervención, Mazo ha remarcado que la pandemia ha sacado a la luz "las debilidades del sector" y ha considerado que esto tiene que llevar a hacer una reflexión sobre la situación. Ha apuntado que el sector de la dependencia supone el 3 por ciento del PIB -Producto Interior Bruto- de la Comunidad.

"Uno de los objetivos de la Ley de la Dependencia era que todos los mayores recibieran los cuidados apropiados, sin embrago, este sector se ha convertido en un nicho de empleo precario", algo que ha puesto de manifiesto la pandemia: "Ha mostrado las deficiencias de personas y la falta de inspecciones por parte de las administraciones públicas. Cometeríamos un error si no aprovechásemos para mejorar la situación".

Mazo ha insistido en que, para que exista calidad en el sistema residencial, es necesario tener "personal suficiente" y esto "no está ocurriendo", ya que el decreto de ratios de profesionales por residentes es "arcaico y anacrónico", por lo que "urge adaptarlo".

"La normativa es tan laxa que se ha convertido en una protección que utilizan las empresas para no aumentar personal. Las trabajadoras están sobrecargadas, con unos índices de bajas médicas muy elevados". De esta forma, ha lamentado que "prevalece el interés económico frente a la prestación de los cuidados a los mayores y las condiciones de las trabajadoras".

Mazo ha añadido que los salarios de los trabajadores de estos centros son "muy bajos", ya que cobran "alrededor de 800 euros". "Mientras "aumenta la concertación de camas a las empresas, los trabajadores ven congeladas sus nóminas durante años".

También ha advertido de la falta de EPI -Equipos de Protección Individual- para los empleados, de que hay casos en los que, por la noche, se quedan dos gerocultoras para atender a hasta cien residentes y que se llegan a dedicar solo 12 minutos "para asear y vestir a una persona con dificultad de movilidad o incluso en silla de ruedas", un tiempo que ha considerado insuficiente: "La administración debe controlar que esto no suceda y, tristemente, esta es la realidad de los centros. Debemos actuar ya".

PRECARIEDAD

La secretaria de Cohesión y Diálogo Social de CCOO-Aragón, Marta Arjol, ha incidido en que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de los trabajos de cuidados y la precariedad con la que se han estado prestando.

"Una puesta al día de los centros residenciales conlleva no solo una adecuación de la atención que se presta sino que también exigen una revalorización del trabajo que en ellos se realiza". A juicio de CCOO, es necesaria una asistencia sanitaria "global, interdisciplinar, integral y continuada" y ha advertido de que la asistencia residencial es un recurso "muy demandado y difícilmente sustituible".

"La evolución demográfica hacer prever una demanda creciente de centros residenciales. Llevamos muchos años demandando la adecuación de los ratios, desglosados por categorías profesionales, que se deben adecuar al nivel de dependencia y patología de las personas residentes". Así, ha insistido en que hay que mejorar el nivel retributivo de los trabajadores y analizar las necesidades profesionales para los próximos años "y su planificación formativa".

"La calidad de la atención en la prestación de servicios requiere de la calidad en el empleo de las personas que lo prestan, no es una reivindicación corporativa, es una demanda social". Para ello, ha propuesto que se parta de una auditoría del impacto de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y restablecer la calidad de la atención "como eje articulador del sistema de dependencia".

"El Gobierno central debe volver a ejercer un papel de liderazgo político en la implantación del sistema de atención a la dependencia, recuperar el nivel de financiación suficiente y revertir los recortes impuestos desde 2012".

Arjol ha dicho que hay que establecer protocolos de control que garanticen que los pliegos de licitaciones públicas "no se devalúen" y se garantice siempre "el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales".

Así, ha considerado que es "prioritario" el refuerzo de inspección de centros y la coordinación sociosanitaria y que hay que avanzar en el objetivo de que "la sanidad pública proteja la salud de las personas, independientemente de su lugar de residencia, y sean cuidados allí donde viven con el soporte sanitario adecuado".

"Hasta la fecha, la atención sanitaria en las residencias ha evidenciado diferencias notables con la atención domiciliaria, se debe priorizar la puesta en marcha de estrategias de atención centrada en la persona".

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

En representación de OSTA, Irene Cuartero ha sostenido que esta comisión no solo debería centrarse en las residencias de la tercera edad, sino también hablar de la situación de los centros en los que se atiende a personas con diversidad funcional.

"Esta crisis ha puesto en manifiesto la necesidad de reformar el sector de la dependencia" sobre todo en un territorio con una población muy envejecida. Ha apostillado que la ley de ratios es de 1992: "Tiene 28 años, el sector ha cambiado, es necesario renovarla".

También ha aclarado que el sector cuenta con un convenio colectivo de ámbito estatal negociado en Madrid, por lo que no se adapta a la situación de Aragón. Por ello, ha mandado un mensaje a la patronal aragonesa para que se siente a negociar "un convenio autonómico que dignifique la situación de los trabajadores y se adapte".

Cuartero ha resumido las reivindicaciones de su sindicato en la necesidad de mayor intervención pública en el sector, un aumento de la inspección y mayor control sobre los procesos de concurso y pliegos de condiciones, que los agentes sociales participen en los pliegos de condiciones para la concertación de plazas, instaurar un protocolo de actuación en caso de pandemia, crear una comisión de vigilancia y control, que se modifique y actualice la ley de ratio de personal y adecuar las ayudas presupuestarias a una nueva normativa de ratios de personal.

FALTA DE VOLUNTAD

En representación de CGT, Natalia Luño ha dicho que lo ocurrido durante la crisis sanitaria, con muchas personas fallecidas por COVID-19 en residencias, revela "todas las deficiencias que los mayores vienen sufriendo desde hace años" en este tipo de centros. "Ha existido falta de voluntad política por parte de todos los gobiernos para prestar el servicio desde la gestión pública".

Por su parte, el presidente de CSIF Aragón, José Luis Santafé, ha pedido a los representantes políticos que den "ejemplo" y que reconozcan el "esfuerzo y sacrificio" realizado por los trabajadores de las residencias durante la crisis sanitaria. Para ello, ha pedido que se mejoren sus condiciones salariales.

Todos los intervinientes, han querido resaltar en la Comisión la labor "tan importante2 que están realizando los trabajadores de residencias en Aragón durante la crisis sanitaria. Han lamentado que se trata de una profesión "poco reconocida" socialmente, pero "muy bonita".