Ya es una realidad. Después de semanas de negociaciones y análisis, la fusión entre CaixaBank y Bankia se ha iniciado este jueves. La operación ha tenido luz verde después de que ambas partes reunieran a sus consejeros y analizaran los pros y los contras de la operación, que cuenta con el visto bueno del Gobierno (el Estado es propietario de un 62% de Bankia). El Ejecutivo, de hecho, estudió la viabilidad de este paso consultándolo con el Banco Central Europeo, que también aprobó el procedimiento. De esta forma, nace el banco más grande de España.

La nueva entidad sumará unos activos de 664.027 millones de euros, mantendrá su sede en Valencia y estará comandado por el tándem formado por Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri y se seguirá llamando CaixaBank.

El Estado precisamente, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tendrá con toda probabilidad presencia en el consejo de administración de la entidad resultante de la integración de Bankia en CaixaBank, que se prevé que esté formado por un total de 15 miembros. El Frob, no obstante, no ha participado en las negociaciones, que han procurado desarrollarse bajo confidencialidad entre las cúpulas de ambas entidades.

El inicio de las negociaciones arrancó de forma discreta antes de verano, tras ser autorizado por ambos consejos, que para su asesoramiento contrataron a bancos de inversión (Morgan Stanley en el caso de CaixaBank y Rotschild en el de Bankia), consultoras (Deloitte y EY, respectivamente) y asesores legales (Uría Menéndez y Garrigues, respectivamente). La reunión de ayer dio el pistoletazo de salida a una operación que creará un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia), lo que propiciaría significativas sinergias.

El Gobierno recibió la noticia con cautela y con posiciones dispares entre algunos de sus miembros. Algunos como Nadia Calviño aceptó el procedimiento, mientras que Pablo Iglesias era reacio a que se llevase a cabo dada la situación de Bankia.