La defensa pide al Supremo no inhabilitar a Torra porque su desobediencia fue "un acto político"

Vista pública en el Tribunal Supremo (TS) para revisar la condena a Torra
Vista pública en el Tribunal Supremo (TS) para revisar la condena a Torra
Eduardo Parra - Europa Press
Vista pública en el Tribunal Supremo (TS) para revisar la condena a Torra

El futuro de Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, ya está visto para sentencia. Este jueves se ha celebrado en el Supremo la vista del recurso que interpuso el mandatario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le multó con 30.000 euros y le inhabilitó en diciembre de 2019 por desobedecer a la Junta Electoral Central. En la campaña electoral del 28-A, Torra colocó en el balcón presidencial una pancarta pidiendo la "libertad de los presos políticos" y no la retiró pese a las peticiones de la administración de mantener la imparcialidad.

Sin embargo, esto fue "un acto político" y "no administrativo", por lo que no cabe lugar su inhabilitación. Eso es, al menos, el argumento de la defensa, ejercida por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, que delante de su cliente, han expresado la casi decena de motivos por los que, a su juicio, Torra puede seguir al frente de la Generalitat y el Supremo debe recusar al TSJC, quien le inhabilitó durante un año y medio.

En este sentido, el abogado ha querido dejar claro que, según el Tribunal Constitucional, la "inviolabilidad" de Torra le acompaña fuera del Parlament si lo que expresa lo ha dicho dentro. "Las tres palabras de la pancarta [Llibertat presos polìtics] siempre las dijo: están en su discurso de investidura, en todas sus intervenciones, y luego las traslada a una pancarta, que es tanto como trasladarlas a un pin en la chaqueta", ha explicado para después insistir en que es "un acto político, no administrativo".

Este argumento lo han rebatido tanto la fiscal, Pilar Fernández Valcarce, como la abogada de la acusación popular, Marta Castro. La primera ha argumentado que "claro que es un acto administrativo porque se hace en período electoral", una idea similar a la trasladada por la segunda, que representa a Vox. En su intervención, ha explicado que "no se juzga un acto político sino la obligación de Torra de ser neutral". Además, ha recordado que el presidente "días después de recibir la sentencia del TSJC, no solo reconoció que no iba a obedecer, sino que posteriormente hizo ostentación pública de ello".

En su intervención, Boye también ha criticado la presunta "parcialidad" del tribunal que condenó a Torra y de la JEC. Así, ha recordado a Andrés Betancourt, un magistrado "que trabajaba por la mañana en la Junta Electoral y por la tarde estaba a sueldo de uno de los partidos denunciantes", ha aseverado en referencia a Ciudadanos, partido al que asesoraba legalmente.

Para la fiscal, esto "ya fue objeto de recurso" y no salió, ya que "el planteamiento del recurrente era y sigue siendo inasumible". "Es una demostración de que estira y adapta la legalidad, algo legítimo pero no asumible", ha concluido Fernández Valcarce, que, como la acusación popular, pide inhabilitar al presidente.

Pese a que en las vistas de casación no está contemplada la presencia de acusados, Torra ha optado por estar, ya que ha conseguido que el Supremo le acredite como representante de la Generalitat. Hace un mes, Torra ya dijo que estaría en Madrid para la vista por su deseo de ver los ojos de los magistrados "que juzgan a un presidente por haber puesto una pancarta que pedía la libertad de los presos y exiliados". Además, a su llegada le han acompañado los principales consejeros de su Gobierno y miembros de la CUP y ERC, como Gabriel Rufián.

Con el juicio visto para sentencia, el Supremo debe ahora decidir si confirma la inhabilitación o no. En caso afirmativo, el presidente tendría una última opción, la de recurrir al Tribunal Constitucional para pedir la suspensión de la ejecución de la condena, lo que podría demorar más los plazos. Cabe recordar la lucha encarnizada que desde hace semanas viven los socios de coalición en Cataluña. ERC pide convocar elecciones antes de saber si Torra seguirá siendo presidente o no porque, de no ser así, la Generalitat quedaría sumida en una situación de interinidad casi permanente. El vicepresidente Pere Aragonès ocuparía el cargo en funciones pero no podría ni convocar comicios ni aprobar presupuestos.

La otra opción sería investir a otro presidente, pero Quim Torra ha pedido a JxCAT no hacerlo para no "agachar la cabeza" ante el Supremo, que tiene en sus manos el futuro político de Cataluña.

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