España va a recibir 43.000 millones de euros en transferencias de los fondos de la UE entre 2021 y 2022. Es anuncio, que ha confirmado este jueves la Comisión Europea, pone la maquinaria en marcha. El Ejecutivo comunitario publicó recomendaciones sobre cómo solicitar y utilizar los 672.500 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros aprobado en julio para ayudar a los países a paliar el golpe económico de la pandemia de coronavirus, y llamó a los Estados miembros a emplear ese dinero en energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio y formación profesional.

Además, ya para 2023 llegarían otros 15.688 millones a España, lo que convertiría al país en el segundo beneficiario de este mecanismo por detrás de Italia. Los Gobiernos deberán en todo caso respetar las recomendaciones económicas que Bruselas les hace cada año, en particular las de 2019 y 2020, a pesar de la situación excepcional por la covid-19.

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Para que el dinero termine de ponerse en marcha necesita la aprobación de la Eurocámara. Eso sí, si quieren disponer de las ayudas los países tendrán que presentar Planes de Recuperación y Resiliencia que reciban el visto bueno de la Comisión y los Estados miembros. En este sentido, Bruselas enviará a los Gobiernos de los Estados miembros unas guías con las reformas exigidas. 

La Comisión, además, "recomienda encarecidamente" invertir en áreas ligadas a las transiciones ecológica y digital, en particular en tecnologías limpias, el uso de renovables, la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados, la promoción del transporte sostenible y accesible, la instalación de puntos de recarga para vehículos o la ampliación de las redes de transporte público.

También insta a apostar por el despliegue de internet de banda ancha en todas las regiones, incluida fibra y 5G, el desarrollo de procesadores de última generación o la adaptación de los sistemas educativos para apoyar las habilidades digitales y la educación profesional.

Esto va en la línea de lo comentado el miércoles por Von der Leyen en su discurso en el debate sobre el estado de la UE. Desde el Ejecutivo comunitario, prevén destinar un 37% del fondo de recuperación a clima y un 20% a digitalización.

Sin embargo, más allá de estas prioridades, los planes de los países tendrán ante todo que ceñirse a las recomendaciones de política económica que hace anualmente la Comisión "en particular en 2019 y 2020" y servir para "impulsar su potencial de crecimiento, creación de empleo y resiliencia económica y social".

En el caso de España, estas directrices pasaban en 2020 por tomar las medidas necesarias para responder a la pandemia, proteger el empleo y reforzar el sistema sanitario, pero también por responder a problemas previos, como mejorar la coordinación entre diferentes niveles de Gobierno o reforzar el marco de licitaciones públicas.

En 2019 Bruselas pidió garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, favorecer la transición hacia contratos indefinidos, mejorar el apoyo a las familias, resolver las deficiencias en el sistema de asistencia al desempleo o en los regímenes autonómicos de renta mínima, entre otras.

Los Gobiernos podrán presentar sus planes oficialmente a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 30 de abril de ese año, pero la Comisión les insta a enviarle ya sus borradores para debatirlos y poder modificarlos si es necesario.

Von der Leyen puso la maquinaria en marcha

El discurso de la presidenta de la Comisión Europea sirvió para activar del todo la maquinaria para la era poscovid. El anuncio de este jueves lo confirma. Von der Leyen estructuró su discurso en las seis prioridades que tiene la UE "para los próximos doce meses", y ahora demuestra que la pandemia añade retos, pero no altera los que ya existían en el inicio de la legislatura.

Uno de los grandes pilares de la legislatura para la Comisión es la lucha contra el cambio climático. En este sentido llegó otro de los grandes anuncios. Se van a modificar los objetivos de recorte de emisiones para el año 2030. La reducción tendrá que ser de un 55%, no de un 40% como estaba fijado hasta ahora. "Para nosotros, es un objetivo ambicioso y alcanzable", recalcó.