El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria ha señalado de nuevo a España por no haber puesto en libertad a los presos independentistas, tal y como lo pedían en el informe que realizaron en 2019.

En el informe de este año, se constata que España no ha adoptado las "medidas" para implementar la recomendación que formuló el año pasado para siete de los nueve presos independentistas: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

También se recoge que España pidió la revisión de la petición de que los pusieran en libertad, solicitud que fue rechazada por parte del mismo grupo de trabajo.

"Tras examinar las solicitudes de revisión, el grupo de trabajo decidió mantener sus opiniones sobre la base de que ninguna de esas solicitudes cumplía los criterios establecidos en el párrafo 21 de sus métodos de trabajo", subrayan.

Este grupo ha publicado su informe anual en el marco de la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde se hace un seguimiento de los dictámenes emitidos en 2019.

En 2019, el informe que publicaron concluía que el encarcelamiento de estos dirigentes políticos "contraviene" varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pedía que se les pusiera en inmediatamente en libertad y se les concediera una indemnización y otros tipos de reparaciones.

Los dictámenes son consecuencia de una iniciativa de las defensa de los presos independentistas impulsada por ANC y Òmnium Cultural en 2018 con el objetivo de visualizar que la prisión preventiva que cumplieron vulneraba derechos fundamentales, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el Estado.

"Falta de reconocimiento"

Según un comunicado de la ANC, el grupo de trabajo de la ONU evidencia de nuevo "la falta de reconocimiento" del Estado hacia organizaciones internacionales en relación a la situación que se vive en Catalunya.

"Tienen una doble moral a la hora de reclamar el estado de derecho mientras ignora prerrogativas de derecho internacional como la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y la discriminación por razones políticas", destaca la entidad independentista.