Las alegaciones de la Conselleria de Agricultura, "consensuadas, coincidentes y compartidas" por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda de la nueva legislación en trámite, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estos apartados del articulado "exceden las competencias de la administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura", según responsables de la Conselleria.

Concretamente, consideran que la disposición adicional segunda "somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación, a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha".

La Conselleria sostiene que este pronunciamiento "entra en conflicto competencial" con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una comunidad autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La nueva exigencia, además, "ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el informe", según la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.

"TOTAL OPOSICIÓN"

Según Mollà, la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha "es un intento más de manipular las reglas de explotación" y ha expresado su "total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunitat Valenciana".

Su departamento añade que la primera disposición adicional también puede considerarse como una "apropiación de competencias estatales", dado que "permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura".

El anteproyecto señala entre sus objetivos "garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la comunidad autónoma", una "declaración de intenciones" que, a juicio de la Generalitat, "fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria y el colectivo de regantes".