Los confinamientos parciales o perimetrales y resto de medidas que tomen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios de Covid ya no podrán ser paralizadas por los juzgados ordinarios. El Congreso ha aprobado este miércoles una ley en la que el Gobierno incluyó a última hora una enmienda para trasladar de los jueces ordinarios a los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidades autónomas la competencia para fallar sobre decisiones políticas contra la pandemia que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. Este cambio legal ha sido aprobado por una amplia mayoría, después de que el líder del PP, Pablo Casado, comunicara que su grupo lo apoyaría al presidente, Pedro Sánchez, en su última reunión en La Moncloa.

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Hasta el momento, ha habido varios casos que han demostrado que los Tribunales de Justicia han sido más permisivos con las medidas de los Gobiernos autonómicos para frenar la pandemia. Así, este verano, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Lleida frenó la decisión de la Generalitat de confinar la ciudad y varias comarcas y, tras recurrir la decisión, el Tribunal de Justicia de Cataluña dio luz verde. En Madrid ocurrió lo mismo ante la decisión de prohibir fumar en las terrazas. Un juez ordinario lo frenó hasta que el Tribunal Superior de Justicia terminó dando la razón al gobierno madrileño.

Fuentes del Ministerio de Justicia indican que esta reforma legal podría afectar ya a las nuevas medidas que piensa tomar la Comunidad de Madrid en los próximos días. Si se decretaran tan solo un día después de la publicación de la nueva ley en el BOE, la decisión del Gobierno madrileño la evaluará el Tribunal Superior de Justicia y no un juzgado ordinario.

Afinidad con las decisiones políticas

Con la votación de este miércoles, el Congreso ha aprobado definitivamente la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Partía de un decreto-ley que el Gobierno accedió a tramitar como proyecto de ley, para que los grupos lo enmendaran. En este proceso también el Ejecutivo incluyó una enmienda, para poner en manos de los Tribunales Superiores de Justicia el control sobre decisiones políticas que afectan a los derechos fundamentales, como las restricciones de movimiento que implican los confinamientos. 

Una vez levantado el estado de alarma, son los jueces quienes deben velar por la protección de derechos  en las decisiones políticas contra la pandemia y con este cambio legal la competencia pasará de un solo juez a una sala colegiada, en los Tribunales Superiores, que la experiencia indica que están más en línea con las medidas que toman los gobiernos.

En concreto, la reforma legal incluye un cambio de jurisdicción para casos relacionados con medidas antiCovid. Ya no serán los juzgados ordinarios de lo contencioso administrativo quienes autoricen las decisiones políticas, sino que estos casos llegarán directamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, que hasta ahora veían los recursos contra decisiones de los jueces ordinarios.