El Gobierno presentará antes de que acabe el año un proyecto de ley para reformar el Código Penal, en relación a “figuras delictivas contra el orden público”, entre los que se incluye la rebelión y la sedición, por el que fueron acusados y condenados los líderes del procés. El presidente, Pedro Sánchez, se mostró hace días dispuestos a revisar el delito de sedición y su propuesta llegará en plenas negociaciones de los Presupuestos con ERC y con los cuatro diputados de JxCAT desvinculados de las directrices de Carles Puigdemont.

Sánchez negociará con los 4 diputados del PDeCAT díscolos con Puigdemont y recupera reformar el delito de sedición

La reforma de la Ley Organica del Código Penal figura entre las 172 iniciativas legislativas del Gobierno de aquí a final de año. El proyecto de reforma recaerá en el Ministerio de Justicia, después de que su titular, Juan Carlos Campo, se desentendiera en julio de estos planes. Entonces, aseguró  que esta reforma no estaba en los planes del Ejecutivo. “No ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno en ningún cambio normativo del Código Penal sobre materia de rebelión y sedición”, dijo.

Nada más lejos de lo que finalmente se plantea en el Plan Anual Normativo de 2020. “La propuesta de reforma del Código Penal se centra en las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlas tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la UE, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales”, dice el texto, en relación a delitos entre los que figuran la rebelión y la sedición.

Si lo que pretende es alinearse con la norma de otros países europeos, la reforma del Código Penal eventualmente reduciría las penas por sedición por las que están en prisión el líder de ERC, Oriol Junqueras, varios exconsellers de Puigdemont y los exlíderes de Asociación Nacional Catalana y Omnium Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La situación de cárcel de estos políticos es una reivindicación constante de ERC y JxCAT y un posible alivio podría influir en la negociación de las Cuentas. Tras admitir que quizá se retrase a octubre y no esté listo para el 30 de septiembre, el proyecto de ley de Presupuestos debe aprobarse antes de que termine el año, como también consta en el Plan Normativo. También dos reales decretos que desarrollarán dos nuevos impuestos, sobre determinados servicios digitales (la llamada Tasa Google) y sobre transacciones financieras (conocida como Tasa Tobin).

Incluso en el caso de que el Gobierno apurase a final de año para presentar el proyecto de reforma del Código Penal, antes el Gobierno tendrá que superar en el Congreso el temido debate de las enmiendas a la totalidad, donde, como ocurrió el año pasado, los grupos podrían tumbar las Cuenta sin entrar ni siquiera a negociarlas. Allí ya será clave lo que el Ejecutivo tenga previsto ofrecer a cada grupo, incluidos los diputados independentistas.

Por otra parte, la Fiscalía también se verá reforzada antes de que termine el año. El Gobierno prevé otra reforma que afectará a la institución que depende jerárquicamente de la Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado. Campo pilotará la reforma del reglamento del Ministerio Fiscal para que sean los fiscales y no los jueces quienes dirijan las instrucciones penales.

Reforma de la Constitución

En estos menos de cuatro meses para que termine el año, el Gobierno se compromete también a llevar al Congreso una reforma para reformar la Ley de Secretos Oficiales 40 años después de la aprobación de la vigente, en 1978. De forma inmediata, un proyecto de Ley de Memoria Democrática que aprobará el Consejo de Ministros el martes que viene.

Asimismo, el Gobierno dará el primer paso para una reforma de la Constitución con la presentación de nuevo de un anteproyecto de ley para reformar el artículo 49, relativo a los derechos de las “personas con discapacidad”, de acuerdo al término con el que pasarán a ser designadas, en lugar de “discapacitadas”.

Teletrabajo, 'riders' y salario mínimo

El Plan Normativo ha sido elaborado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que de momento deja en suspenso tres importantes compromisos del gobierno en materia laboral. La ley que regulará el teletrabajo, la subida anual del salario mínimo interprofesional y una ley para regular el trabajo de los ‘riders’ están “sujetas a evaluación” debido a su “impacto económico”, según se lee en el documento que publicó esta semana el Portal de Transparencia.

Por otra parte, el Gobierno seguirá derogando la reforma laboral de 2012 en dos aspectos previstos hasta final de año, modificar “la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva” y “los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial”.

También tendrá que superar todavía varios condicionantes la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual que prepara el Ministerio de Igualdad. Según el Plan Normativo, también está está “sujeta a evaluación” y depende de factores como el coste presupuestario, el incremento de “cargas administrativas “por el volumen de la población afectada” o la “incidencia relevante sobre los derechos y libertades constitucionales”.

Escrivá busca más fórmulas para reducir las jubilaciones anticipadas y promover alargar la vida laboral hasta los 67 años

Tal y como dijo esta semana que habría, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es responsables de un real decreto previsto antes de final de año para revisar las condiciones a efectos del cálculo de la pensión de la jubilación anticipada. El ministro apostó por desincentivarla y se aprobará un decreto “para ordenar, simplificar y agilizar el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social”.

También será suyo el reglamento previsto sobre el Ingreso Mínimo Vital que echó a andar en primavera entre críticas porque todavía no llega más que a una mínima parte de los ciudadanos que lo reclaman.

Conductores, vivienda y apuestas

Los planes del Gobierno hasta final de año prevén varios cambios que afectarán a lo conductores. El Ministerio del Interior elaborará una ley para incluir “mejoras en el modelo de permiso de conducción por puntos” y para modificar el Reglamento de Circulación, entre otras cuestiones, regulará patinetes y otros dispositivos de “movilidad personal”, que serán definidos como vehículos y, por tanto, estarán sujetos a las normas de circulación igual que el resto, para que “observen la convivencia ordenada y respetuosa con los peatones”.

En este último tramo de 2020 se presentará una ley para transponer una directiva comunitaria para “garantizar” el derecho de conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores, una Ley de Vivienda, una reforma de la Ley de víctimas del terrorismo para “profundizar en la mejora” de sus derechos, “Ley de lucha contra el dopaje en el deporte” , otra de protección animal y se espera que el Ministerio de Consumo regule finalmente la publicidad de las casas de apuestas.