Concretamente se ratifican judicialmente y para un plazo de 14 días, con posibilidad de prórroga, las medidas que afectan a derechos fundamentales, han informado fuentes judiciales.
El resto de medidas acordadas por la autoridad sanitaria no necesitan ratificación judicial al no afectar a derechos fundamentales, y por tanto tienen su efecto desde el momento de la resolución administrativa.
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