La regulación del precio del alquiler llega al Parlament catalán entre presiones

  • El Parlament acoge el próximo miércoles la votación de la ley que haría posible esta regulación.
  • El Sindicat de Llogateres propone cambios en la proposición de ley para que JxCat retire sus enmiendas.
  • El sector inmobiliario la considera perjudicial y dice que reducirá la oferta de pisos.
  • De aprobarse la ley, el Constitucional podría tumbar algunos de sus artículos por invasión de competencias.
Uno de los pisos de una nueva promoción de alquiler social en la calle Comte Borrell de Barcelona
Uno de los pisos de una nueva promoción de alquiler social en la calle Comte Borrell de Barcelona
MIQUEL TAVERNA
Uno de los pisos de una nueva promoción de alquiler social en la calle Comte Borrell de Barcelona

Partidarios y detractores de limitar el precio de los alquileres en Cataluña han quemado este martes sus últimos cartuchos para presionar ante la votación prevista para el próximo miércoles en el Parlament de la ley que haría posible esta regulación. Inicialmente esta tenía el apoyo de ERC, los comuns, la CUP y JxCat, pero esta cuarta formación presentó en julio ocho enmiendas a su propia propuesta, algo que provocó las críticas del resto de grupos y del Sindicat de Llogateres.

Por ello, el sindicato se ha reunido este martes telemáticamente con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) y más tarde, con los partidos que dieron apoyo a la proposición, para proponer unos retoques en el texto de la ley, con el objetivo de facilitar así que la iniciativa salga adelante. Una de las modificaciones sería que los propietarios en situación de vulnerabilidad tuvieran exenciones a la hora de limitar los precios. Otra, que se puedan hacer subidas moderadas del alquiler en caso de obras de mejora de los inmuebles.

«Valoramos de forma muy positiva la proposición de ley y creemos que solo es el inicio de un camino que nos llevará a hacer regulaciones y políticas serias de vivienda que nos garanticen este derecho constitucional», ha afirmado la portavoz del Sindicat de Llogateres, Marta Ill.

Decálogo por el derecho a la vivienda de Barcelona

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado todo su «apoyo» a la limitación del precio de los alquileres, y ha dicho que espera que salga adelante porque se contaba «con una mayoría amplia», a pesar de las «dudas» en el último momento de JxCat, que atribuyó a «presiones del sector inmobiliario». Además, Colau ha presentado, justo el día antes de la votación en el Parlament, un decálogo por el derecho a la vivienda al que se han adherido 30 entidades ciudadanas.

En contraposición a estas voces a favor de regular el coste del alquiler, el sector inmobiliario ha tildado de contraproducente la medida y ha advertido de que provocará una reducción de la oferta y agravará la dificultad de acceso a la vivienda.

El sector inmobiliario ha tildado de contraproducente la medida y ha advertido de que provocará una reducción de la oferta y agravará la dificultad de acceso a la vivienda

El director general de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Marc Realp, ha alertado de una tendencia a «homogeneizar» las rentas hacia el precio máximo y de que se podrían crear «listas de espera» para gestionar el exceso de demanda ante una oferta insuficiente».

Por su parte, el analista económico y profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras, ha afirmado que «la limitación de las rentas es una medida que, a corto plazo, beneficia a quienes quieren alquilar una vivienda pero que, a medio y largo plazo, es perjudicial». En su opinión, puede provocar una «clara disminución» de la oferta de pisos de alquiler, un incremento de la economía sumergida, un empeoramiento de la calidad de los inmuebles por la falta de mantenimiento y una bajada de la inversión y de las compraventas.

Asimismo, el pasado lunes varias entidades del sector, entre ellas el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y el Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Catalunya criticaron en un comunicado que «las medidas coercitivas no darán el resultado pretendió y parecen fruto del desconocimiento del comportamiento del mercado».

De aprobarse la ley, podría suponer un nuevo choque del Govern con el Tribunal Constitucional, ya que el Consell de Garanties Estatutàries determinó que algunos de sus artículos son inconstitucionales porque Catalunya no tiene competencias para regular el alquiler.

La compraventa de viviendas cae

La compraventa de viviendas en Cataluña cayó un 35,88% en el segundo trimestre de 2020 debido a la Covid-19, hasta las 12.973 operaciones de este tipo, lo que supone un variación interanual del -37%. Son datos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya.

Frente común en Barcelona por el derecho a la vivienda

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado este martes un decálogo por el derecho a la vivienda al que se han adherido la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la Taula del Tercer Sector Social, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, los sindicatos CCOO y UGT y otras 25 entidades más.

El documento recoge reclamaciones del mundo local que requieren de un «pacto de Estado» para que ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno den respuesta a la «situación de crisis habitacional». Este acuerdo, reza el texto, tiene que «apostar por una colaboración público-privada-comunitaria-social que permita articular una nueva política de vivienda», con «presupuestos mucho más ambiciosos». El objetivo: llegar en 10 años a un porcentaje de pisos públicos de alquiler de alrededor del 10%.

El decálogo pide incrementar el presupuesto estatal de vivienda como mínimo hasta el 1,5% del PIB en los próximos siete años, ya que «actualmente el Estado dedica el 0,1%, el Govern el 0,8% y el Ajuntament el 5%».

Reclamauna moratoria de los desahucios de personas vulnerables, previa o post Covid, y una nueva prórroga automática de los contratos de alquiler

Reclama, asimismo, una moratoria de los desahucios de personas vulnerables, previa o post Covid, y una nueva prórroga automática de los contratos de alquiler, además de una mediación obligatoria previa al inicio de cualquier proceso de desahucio de familias vulnerables.

También exige una reforma fiscal para beneficiar el alquiler protegido y la rehabilitación y la rebaja del IVA al tipo impositivo del 4%. Además, pide la ampliación del parque de alquiler social.

Otras reclamaciones son impulsar la rehabilitación energética, la accesibilidad y la adecuación de parque de viviendas a la situación post Covid-19; luchar contra la especulación y regular los alquileres para hacerlos estables y asequibles.

Asimismo, se exige «recuperar progresivamente el uso residencial de una parte» de los pisos turísticos, que son más de 85.000 en Cataluña y unos 9.500 en Barcelona.

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