Frente común en Barcelona por el derecho a la vivienda a un día de la votación sobre la regulación del alquiler

Uno de los pisos de la nueva promoción de alquiler social en la calle Comte Borrell.
Uno de los pisos de la nueva promoción de alquiler social en la calle Comte Borrell.
MIQUEL TAVERNA

A un día de que el Parlament de Cataluña vote este miércoles la ley para regular el precio de los alquileres, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado este martes un decálogo por el derecho a la vivienda al que se han adherido 30 entidades, entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Mesa del Tercer Sector Social, el Colegio de Arquitectos de Cataluña y los sindicatos CCOO y UGT. 

El documento recoge reclamaciones del mundo local que requieren de un "pacto de Estado" para que ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno den respuesta a la "situación de crisis habitacional", agravada por la pandemia de la Covid-19. Este acuerdo, reza el texto, "tiene que ir más allá de las administraciones y apostar por una colaboración público-privada-comunitaria-social que permita articular una nueva política de vivienda", con "presupuestos mucho más ambiciosos". El objetivo: llegar en 10 años a un porcentaje de pisos públicos de alquiler de alrededor del 10%.

Durante la presentación del decálogo, en una nueva promoción de vivienda de alquiler social en el número 159 de la calle Comte Borrell cuyas obras están a punto de finalizar, Colau ha mostrado "todo el apoyo" a la limitación del precio de los alquileres que se debe votar este miércoles. Ha dicho también que espera que la propuesta salga adelante porque se contaba "con una mayoría amplia", a pesar de las "dudas" en el último momento de JxCat, que ha atribuido a "presiones del sector inmobiliario". Sin embargo, ha señalado que además de regular el precio del alquiler "hacen falta otras medidas", tras "décadas de emergencia habitacional permanente y de políticas especulativas".

"El mercado de la vivienda es libre, pero por encima de todo debe cumplir una función social", ha apuntado. En este sentido, ha dicho que la inversión del Estado y la Generalitat en políticas de vivienda "es ridícula" y ha recordado que “por cada millón de euros invertido en la construcción de pisos se generan 14 puestos de trabajo, y por cada millón invertido en rehabilitación, 56”.

También ha afirmado que el Ayuntamiento está destinando el 5% del presupuesto municipal a políticas de vivienda (más de 500 millones de euros), lo que permitirá que en los próximos meses en la ciudad estén en obras unos 2.000 pisos públicos, de los que se podrán beneficiar unas 5.000 personas.

El decálogo

El decálogo pide incrementar el presupuesto estatal de vivienda como mínimo hasta el 1,5% del PIB durante los próximos siete años, que supondría 18.000 millones de euros más, ya que "actualmente el Estado dedica el 0,1% de su presupuesto, la Generalitat el 0,8% y el Ayuntamiento el 5%".

Reclama, asimismo, una moratoria de los desahucios de personas vulnerables, previa o post Covid, y una nueva prórroga automática de los contratos de alquiler, además de una mediación obligatoria como requisito previo al inicio de cualquier proceso judicial de desahucio de familias vulnerables. 

También exige una reforma fiscal para beneficiar el alquiler protegido y la rehabilitación y la rebaja del IVA al tipo impositivo del 4%. Además, pide la ampliación del parque de alquiler asequible, social y cooperativo en cesión de uso a partir de la construcción, la movilización de viviendas privadas y el impulso de nuevos modelos de colaboración público-privada-comunitaria.

Otras reclamaciones son impulsar la rehabilitación energética, la accesibilidad y adecuación de parque de viviendas a la situación post Covid-19; garantizar los derechos energéticos; luchar contra la especulación; y modificar la regulación de los alquileres para hacerlos estables y asequibles.

Asimismo, se exige "recuperar progresivamente el uso residencial de una parte" de los pisos turísticos, que son más de 85.000 en Cataluña y unos 9.500 en Barcelona.

Las entidades

El secretario general de CCOO Cataluña, Javier Pacheco, ha apuntado que es "imposible que las clases populares puedan acceder a una vivienda en Barcelona", por lo que ha pedido "un incremento de los recursos públicos".

Camil Ros, secretario general de UGT Cataluña, ha dicho que "no habrá vida digna sin trabajo y vivienda digna".

La decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Lali Daví, ha subrayado que "tenemos un parque de vivienda obsoleto y lo tenemos que rehabilitar", para lo que ha pedido desgravaciones fiscales.

Por su parte, la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, ha dicho que están "muy contentos" con el decálogo, porque "muchos vecinos han sido expulsados de Barcelona o de su barrio" por la "especulación". También ha criticado que "la construcción de los precios de la vivienda está sin control".

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