Amigo se ha expresado así durante su comparecencia en las Cortes, que se ha prolongado una hora y media, para detallar las medidas que llevará a cabo su departamento en lo que resta de legislatura en un programa que, ha destacado, está condicionado por el impacto de la crisis de la COVID-19.

La consejera ha señalado como prioridades la protección del tejido productivo y del empleo, en el ámbito económico y social, ejes en torno a los cuales se han articulado las medidas para dar respuesta a la crisis.

Hacia ello se orienta el 'Plan 25', que tiene su origen en el punto número 25 del Pacto para la Recuperación suscrito por la Junta, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila.

El 'Plan 25' articulará tres líneas para la recuperación productiva y la dinamización del mercado de trabajo. La primera persigue favorecer la reanudación de la actividad y para ello se pondrán a disposición de las empresas ayudas para financiar las cotizaciones de empleados que salgan de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); en segundo lugar se fijan incentivos para la protección de personas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y especialmente vulnerables en un contexto previsible de destrucción de puestos de trabajo como los mayores de 55 años.

El tercer eje se centra en garantizar la máxima seguridad y protección de la salud en los centros productivos, para lo que se prevén ayudas en materia de prevención de riesgos y medidas formativas, de control e inspección.

Además, el Ecyl contará con la incorporación de un centenar de prospectores para identificar las necesidades de las empresas y conectarlas con la oferta de las personas que buscan trabajo.

Junto a esto, se mantendrán los estímulos a la contratación, con atención particular al medio rural, para lo que se contempla el Fondo Extraordinario COVID-19, dotado con 20 millones, para generar unos 2.000 empleos de la mano de las corporaciones locales y del Diálogo Social, y la Estrategia de Empleo Rural y Local, con un presupuesto de 55 millones, que al finalizar su ejecución prevé haber contribuido a la ocupación de más de 6.000 personas.

Asimismo, el Ecyl estudia medidas de apoyo a la contratación temporal para empresas y autónomos que necesiten sustituir a trabajadores de baja por contagio o en cuarentena.

Por otra parte, se habilitarán 25 millones para garantizar la cualificación de desempleados y ocupados y paliar así el "recorte" de 80 millones ejecutado por el Gobierno central. A esto se suma el refuerzo hasta los dos millones del programa de formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía.

Además, la consejera ha señalado que el final del ejercicio estará marcado por el diálogo para elaborar una nueva Estrategia Integrada de Empleo -y sus planes anuales-, que recogerá medidas fundamentalmente para mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles y recualificar a trabajadores.

DIÁLOGO SOCIAL

En el diseño de las próximas políticas activas de empleo ha indicado que jugará un papel clave el Diálogo Social, que considera un espacio de encuentro y participación de todos cuantos tienen capacidad y voluntad de trabajar por Castilla y León y que debe adaptarse a las nuevas realidades.

Por ello, en la presente legislatura estará caracterizado por la participación activa de nuevos interlocutores como lo autónomos, la redefinición de las materias objeto de debate y acuerdo y un mayor seguimiento de ejecución, evaluación del cumplimiento y publicidad de los pactos alcanzados.

La promoción del autoempleo también será una prioridad en esta legislatura y para ello se articularán apoyos para 'startups' y negocios tecnológicos e innovadores que impliquen una oportunidad para los jóvenes, pero también se reforzarán las iniciativas en favor de las mujeres emprendedoras en el medio rural y se promoverán proyectos que faciliten a los trabajadores por cuenta propia su adaptación a un modelo económico más digitalizado. En la misma línea, se pondrá en marcha una línea de ayudas para impulsar el teletrabajo entre los autónomos que se implanten en la Comunidad.

En el ámbito de la economía social, se mantendrán los apoyos a las personas con discapacidad para favorecer su inserción y continuará el respaldo a las cooperativas, con nuevos incentivos a sus inversiones en digitalización y energías verdes.

Otra de las novedades en la gestión de materias laborales será la activación, en el último trimestre de este año, del Plan de Mejora de los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de las oficinas territoriales de trabajo, que incluirá la creación de un portal web para ampliar la tramitación telemática a todos los procedimientos, acortar los tiempos y agilizar la resolución de expedientes cuando no sea posible el acuerdo entre empresarios y trabajadores.

En lo que respecta a la política industrial, entre lo más urgente es encuentra la definición de un nuevo Plan Director de Promoción Industrial 2021-2024, con medidas para el crecimiento y el refuerzo de la competitividad de este sector.

El fin es avanzar para que las ramas manufactureras alcancen un peso equivalente al 20 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de Castilla y León y cumplir así un objetivo que la desaceleración económica y la recesión han impedido alcanzar.

Con estos objetivos, la consejera ha abogado por promover una mayor digitalización del tejido productivo en línea hacia la denominada 'Industria 4.0' y favorecer la inversión en I+D+i, tanto pública como privada.

ESTRATEGIA PARA LA AUTOMOCIÓN

La apuesta por la automoción como sector estratégico se concretará, entre otros proyectos, en la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas, que verá la luz antes de finalizar el año.

Junto a esto, los esfuerzos se centrarán en potenciar la ciberseguridad y la bioeconomía, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones para su incorporación al mercado y la creación de nuevos negocios en torno a estas materias.

La declaración de Proyecto Industrial Prioritario seguirá siendo el instrumento administrativo de referencia y se aprobarán nuevos programas territoriales de Fomento para reindustrializar las zonas más deprimidas.

Por otra parte, en el ámbito del comercio, las políticas para su promoción se articularán en una nueva Estrategia de Modernización, Innovación y Digitalización, marcada por el impacto que la pandemia ha tenido en el sector.

Así, se trabajará en intensificar la implantación de nuevas tecnologías; en la promoción del comercio sostenible a través de un reconocimiento para establecimientos que apuesten por la eficiencia energética, por sistemas de reciclaje o por la economía circular, y en la formación de los profesionales.

Además, este plan pretende potenciar el comercio de proximidad para la revitalización de ciudades y pueblos y por ello se abordará el cambio normativo que permita la creación de áreas territoriales de promoción económica.

Por otro lado, la Consejería presentará un Plan de Fomento de la Artesanía, que incidirá en fomentar un modelo de negocio más digitalizado y reorientará la tradicional Pasarela de la Moda para convertirla en 2021 en una plataforma digital permanente, que sirva de "escaparate" de promoción de las empresas y diseñadores.

Finalmente, en lo que respecta al ámbito del consumo, se avanzará en el funcionamiento telemático de la Junta Arbitral.