El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció este martes que el convenio para poder proceder con la operación Chamartín, que prevé la urbanización de tres millones de metros cuadrados entre Fuencarral-El Pardo y la estación de Chamartín, estará terminado de forma "inminente".

Gallardón indicó que está previsto que las conversaciones entre los propietarios del suelo y las tres administraciones implicadas en la operación Chamartín están muy avanzadas, por lo que se prevé llegar a un acuerdo "de forma inminente".

"Prevemos aprobar un plan que permitirá la ordenación de todo el ámbito norte para permitir las inversiones de la zona y fortalecer la red de comunicación del cierre de la M-3o norte", adelantó Gallardón, si bien desde el Ayuntamiento no quisieron avanzar más detalles de las negociaciones.

Viviendas y oficinas

Esta operación lleva parada más de quince años y supone enterrar la actual estación ferroviaria de Chamartín y cambiar su uso urbanístico y el de su entorno con el fin de liberar 312 hectáreas de suelo para viviendas y oficinas.

En su largo trámite, el proyecto ha tenido varias revisiones, la más importante, la que amplió de 600.000 a más de tres millones de metros cuadrados la operación. De ellos, unos dos millones son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -antes Renfe-, otro medio millón corresponde a empresas públicas municipales y autónomas --como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transporte (EMT)-- y el resto está en manos de particulares.

La clave para aumentar la rentabilidad del proyecto siempre ha estado en la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento aprobó en 2002 una proporción de 1,05 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, similar a la de los rascacielos de la antigua Ciudad del Real Madrid. Pero aún tiene la llave para aprobar el plan específico para la zona.

En julio de 2006, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, anunció el desbloqueo de la operación después de alcanzar un acuerdo con la operadora DUCH, encargada de explotar los terrenos, que incluía la construcción de 2.000 viviendas protegidas y que se desarrollaría en cinco años, quince menos de los inicialmente previstos.