Lo han hecho en un informe solicitado por el concejal de Fomento, César Díaz, en el que aclaran que dicha resolución ya no se efectuó al amparo de las disposiciones derivadas del estado de alarma, sino que las competencias son de la comunidad autónoma, conforme al artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía.

"El Gobierno cántabro no puede ampararse en la normativa estatal, puesto que debe ser la Administración regional la que haga uso de la posibilidad legal que tiene para modificar una norma cuya aplicación está causando un gran problema en los hosteleros con licencias especiales, obligándoles a cerrar y a tramitar una nueva licencia si quieren operar como bar convencional", ha subrayado el edil en un comunicado.

De esta forma, y según detallan los servicios jurídicos municipales, el Ejecutivo autonómico puede utilizar la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, para ampliar el catálogo de actividades excluidas de la exigibilidad de licencia, e incluso declarar la inocuidad de las mismas desde el punto de vista ambiental, habilitando así al Ayuntamiento a prescindir del actual régimen de autorizaciones.

"De acuerdo con las conclusiones del informe jurídico, la normativa sectorial establece la necesidad de tramitar y obtener una nueva licencia de acuerdo con el procedimiento administrativo ordinario, lo que posiblemente se alargará en el tiempo y perderá toda su operatividad", ha recalcado Díaz.

En este sentido, los técnicos han precisado que la solución por la que han optado otros ayuntamientos para simplificar los trámites a través de la figura de la declaración responsable y la autorización provisional "no se contempla en la normativa actual", por lo que solo el Gobierno de Cantabria puede introducir cambios normativos "para garantizar la máxima seguridad jurídica a la hora de facilitar el ejercicio de la actividad de bar convencional en los establecimientos de ocio nocturno, blindando esa decisión ante eventuales recursos o imposiciones".

En resumen, "el Gobierno de Cantabria debe de dar una respuesta eficaz, operativa y urgente a los hosteleros porque es la administración que tiene la competencia para ello", ha sentenciado la concejala de Turismo, Miriam Díaz, que ya reclamó el pasado viernes al Ejecutivo autonómico que solucionase "el enorme perjuicio" que había creado.

El Ayuntamiento ha trasladado el informe jurídico tanto al Gobierno regional como a la Federación Cántabra de Municipios y a la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, "porque hay muchos negocios y puestos de trabajo en liza que precisan de una solución inmediata".

En este sentido, Díaz ha indicado que desde su Concejalía se está tratando de alargar la temporada de verano, dado que aún quedan muchos turistas en la ciudad, "por lo que no sirve de nada que el Ejecutivo autonómico eluda su responsabilidad y obligue a los ayuntamientos a seguir tramitando licencias que exigen el cumplimiento de unos plazos demasiado largos en el tiempo para atender las necesidades de los hosteleros", ha matizado.