Ecologistas de Alcalá piden anular un trámite de la modificación de la cementera al pesar la sentencia de 2017

La asociación Alwadi-Ira/Ecologistas en Acción ha registrado un escrito, ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, solicitando la anulación del trámite de información pública promovido por dicho departamento respecto a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada concedida en 2006 para la planta cementera alcalareña de Portland Valderribas, avisando de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2017 anula "el procedimiento completo, no una parte".
Cementera de Alcalá
Cementera de Alcalá
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Todo gira en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificada por el Supremo, que anula el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para aprobar la modificación solicitada años atrás por Portland Valderribas para la autorización ambiental de su planta cementera, a fin de que la misma pudiese incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

En concreto, después de que los ecologistas de Alcalá formulasen un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la citada modificación de la autorización ambiental unificada de la cementera, la Administración andaluza sólo estimó los aspectos alegados por los ecologistas respecto a los "valores límite de emisión" y la exigencia del seguro de responsabilidad civil para la nueva actividad.

Dado el caso, los ecologistas de Alcalá recurrieron al TSJA en demanda de "la nulidad" de la nueva autorización ambiental integrada al carecer, por ejemplo, del "preceptivo" informe medioambiental o del informe de compatibilidad urbanística, toda vez que según los ecologistas alcalareños, "la Evaluación de Impacto Ambiental es incorrecta en cuanto a los valores naturales, en la población respecto a la calidad del aire y en los efectos contaminantes, incluidas sustancias cancerígenas".

EL INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Al respecto, la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA sobre este litigio, recogida por Europa Press, expone que el informe de compatibilidad urbanística "no fue solicitado por el interesado ni requerida la subsanación por parte de la administración autonómica".

"Dada las características de la instalación, el volumen de residuos y la actividad de gestor de residuos que exige nueva autorización y en cuyo procedimiento se ha omitido el informe de compatibilidad urbanística preceptivo y vinculante, queda viciado el procedimiento de autorización, determinando su nulidad", resuelve directamente el TSJA respecto al recurso de los ecologistas de Alcalá.

Además, la sentencia del Alto Tribunal andaluz, confirmada por el Supremo, señala que el dictamen ambiental en el que se evalúan los efectos del proyecto o actividad fue "publicado al mismo tiempo que la autorización integrada, impidiendo la participación pública en una de las fases más críticas en el proceso aprobatorio, lo que causa también la nulidad de la resolución impugnada".

NUEVOS TRÁMITES

Merced a tal sentencia, los ecologistas señalan en su escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, recogido por Europa Press, el trámite de información pública promovido por dicho departamento respecto a "la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de 5 de junio de 2006", un procedimiento administrativo derivado de la "ejecución" de la resolución judicial ya descrita.

Los ecologistas reclaman a la Administración andaluza que "anule" dicho trámite, bajo la premisa de que "no se ha estimado correctamente el sentido y alcance de la sentencia del TSJA y no se ha llevado a cabo la preceptiva participación pública de la ciudadanía en la toma de decisiones". Y es que según esgrimen en su escrito, el procedimiento de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada incurre en una "nulidad de pleno derecho, por la inexistencia del preceptivo y vinculante informe de compatibilidad urbanística y no de anulabilidad, como así se ha resuelto" por parte de la Administración andaluza.

"Lo que se anula es el procedimiento completo, no una parte", esgrimen los ecologistas, señalando la maniobra de la Administración andaluza para intentar "retrotraer" el proceso administrativo.

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