La Generalitat ofrecerá una ayuda de 300 euros a las familias vulnerables cuando los hijos no puedan asistir al colegio por tener que hacer cuarentena y uno de los progenitores tenga que faltar al trabajo para hacerse cargo de ellos. 

Esta prestación, que contará con una dotación inicial de 10 millones de euros, irá dirigida a aquellas personas que no puedan acogerse a una baja laboral y no tengan acceso a ninguna otra ayuda.

"Conciliar es un derecho", ha dicho el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, este martes en rueda de prensa junto al conseller de Educación, Josep Bargalló, y a la consellera de Salud, Alba Vergés, en la que han reclamado al Gobierno que "haga su parte del trabajo" y dé una solución a los padres que tengan que quedarse en casa para hacerse cargo de sus hijos también si deben hacer cuarentena y no únicamente si dan positivo, en cuyo caso sí podrían pedir la baja laboral.

"No puede haber diferencias entre estas dos situaciones porque hay que hacerse cargo de los niños igual y, además, hay que tener en cuenta a las familias monoparentales", ha dicho El Homrani. "El plan 'Me Cuida' del Gobierno no es una solución al tratarse de una reducción de jornada acompañada de una reducción de sueldo, que debe pactarse con la empresa y que no llegará a todo el mundo", ha señalado Vergés.

"Trasladaremos al Gobierno una propuesta para que modifique el decreto-ley y sea posible acogerse a una baja laboral cuando los hijos deban hacer cuarentena", ha reiterado Bargalló. 

El Homrani ha puntualizado que los permisos laborales son competencia exclusiva del Estado y que éste tiene la obligación de ofrecer soluciones a los padres. "Si no lo quieren hacer, que traspasen los recursos y las competencias". Por su parte, Vergés ha criticado que, a 10 días de empezar el curso, aún haya incertidumbre en este aspecto.

La importancia de las cuarentenas

"Las cuarentenas son indispensables para asegurar el bien común y, por ello, es imprescindible que, para que se cumplan, los poderes públicos ayuden con el impacto económico y social que suponen", ha señalado El Homrani. 

"Los datos demuestran que hay personas que no cumplirían los aislamientos o las cuarentenas por miedo a perder el trabajo, a no cobrar, a no poder renovar el contrato o a no llegar a fin de mes y tenemos que darles una solución", ha afirmado Vergés.

"Además, como siempre, la reducción de jornada repercute a las mujeres. El 25% tiene contrato parcial, respecto a un 8% en hombres. De la población inactiva, el 58% son mujeres, y el 95% de las demandas de reducción de jornada son de mujeres. La Covid no puede ser una excusa para seguir aumentando la brecha", ha continuado.

Inicio del curso

Bargalló ha remarcado que uno de los objetivos de la Generalitat es no cerrar ningún colegio durante el próximo curso ya que "la escuela tiene una función lectiva, pero no es la única. También tiene una función social y comunitaria, y participa de la conciliación laboral y familiar".

"Cuando decretamos el cierre de las escuelas el pasado 12 de marzo, pensamos que era la primera medida que se tenía que tomar. Ahora, con nuestra experiencia, la experiencia internacional y la opinión de los expertos, sabemos que el orden cronológico no sería éste. De hecho, el objetivo es no tener que cerrar las escuelas", ha explicado el conseller.

Sobre las posibles situaciones en las que los alumnos no puedan acudir a los centros educativos, Bargalló ha señalado dos escenarios. En primer lugar, si todos los alumnos deben hacer cuarentena, las actividades lectivas presenciales del centro se suspenderán, pero se mantendrán otras como el comedor, a través del cual se enviará la comida a todos los alumnos que dispongan de beca.

En segundo lugar, si se produce un confinamiento en una zona concreta, los centros educativos, pese a suspender su actividad lectiva, actuarán como guardia y custodia de aquellos niños cuyos padres sean trabajadores esenciales. El comedor también seguirá funcionando de la misma manera que en el supuesto anterior.

La FaPaC defiende la vuelta presencial a las aulas

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Catalunya (FaPaC) defiende que el curso 2020-21 tiene que comenzar el 14 de septiembre de manera presencial para el alumnado de todas las etapas educativas. La federación alerta de que la educación es un derecho fundamental que sólo se puede garantizar en igualdad de oportunidades mediante la presencialidad en el aula.

"Tal como ya se constató el curso pasado, la educación telemática tiene unos efectos devastadores en todo el alumnado, especialmente en aquel con un contexto socioeconómico más desfavorecido, no sólo por la imposibilidad de muchos de estos niños de acceder a un dispositivo electrónico con conexión a Internet, sino también por la falta de un espacio adecuado para el estudio o por no disponer de una adulto que pueda hacer un acompañamiento adecuado. Todos estos factores tienen un impacto directo en el incremento de la segregación y el abandono escolar", han explicado en un comunicado emitido este jueves.

Para que la presencialidad sea posible, la FaPaC pide que se cumplan tres medidas "clave": los grupos reducidos, la habilitación de nuevos espacios para poder reducir los grupos y la modificación de los programas educativos para priorizar las actividades al aire libre y, así, reducir el riesgo de contagio.