El presidente del Gobierno y el líder del PP llevaban cuatro meses sin hablar y siete meses sin reunirse en persona. Después de todo ese tiempo, Pedro Sánchez y Pablo Casado han celebrado en La Moncloa un nuevo encuentro que, como ya va siendo habitual en ellos, ha durado casi dos horas. Como también es la norma, ha estado lleno de diferencias. Solo ha habido un consenso claro porque el líder del PP se ha comprometido a apoyar en el Congreso la iniciativa que que el Gobierno presentará a través del grupo parlamentario socialista para hacer una reforma legal que evite que, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, tribunales ordinarios anulen decisiones de los gobiernos autonómicos para evitar los contagios como la prohibición de fumar en las terrazas o de confinar una población.

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El Gobierno anunció este martes que propondrá en el Congreso una reforma legal para que en lugar de ser los juzgados ordinarios de lo contencioso administrativo quienes fallen sobre decisiones de este tipo que tomen los presidentes autonómicos, la competencia sea directamente de los Tribunales Superiores de Justicia, que al final son los que terminan dando la razón a las decisiones políticas. Así ocurrió con la decisión de confinar Lleida a principios de verano y con la de prohibir fumar en las terrazas. Los juzgados ordinarios revocaron la decisión de la Generalitat catalana y del Gobierno de la Comunidad de Madrid y sus respectivos tribunales superiores de Justicia terminaron dándoles la razón.

Ahora, el Gobierno va a plantear atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, establecer una “tramitación preferente” de estas autorizaciones con un plazo máximo de tres días e incorporar al Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos. Según informó ayer, se busca “dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común”.

Este miércoles, Casado ha indicado tras reunirse con Sánchez que el PP votará a favor de la reforma legal, que se incluirá en la modificación de la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que está en el Senado y en breve volverá al Congreso para ser ratificada.

Según ha dicho el líder popular, esto evitará que haya “400” juzgados de lo contencioso administrativo decidiendo sobre decisiones de las autoridades sanitarias y en su lugar solo haya 17 Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores, uno en cada comunidad.

Y hasta aquí han llegado los acuerdos entre Sánchez y Casado de este miércoles. La reunión no solo se ha saldado con la negativa del PP de apoyar los Presupuestos del Gobierno o de negociar con los socialistas la renovación de instituciones como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. El presidente y el líder de la oposición han discrepado también sobre quién tiene que declarar el estado de alarma, si hay que llegar a ese extremo y, también, sobre quién debe gestionar los 140.000 millones de euros que recibirá España en los próximos tres años del fondo Covid de la UE.

Reforma legal frente al estado de alarma

En el ámbito sanitario, Casado ha reiterado su rechazo a que sean los presidentes autonómicos quienes deban solicitar la declaración del estado de alarma, una solución que “es todo menos eficaz y fácil”. Por el contrario, ha insistido en una reforma legal que, a su vez rechaza el Gobierno. Casado apuesta por reformar la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 para facultar a los Gobiernos autonómicos a tomar “medidas necesarias para contener contagios”, por ejemplo, una comunidad pueda decidir confinar una zona de su territorio.

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La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado tal posibilidad y ha acusado a Casado de llevar meses “intentando justificar por qué en su día votó en contra del estado de alarma”. Frente a lo que piensa el PP, el Ejecutivo sostiene que, llegado el caso, el único instrumento garantista es la declaración de alarma. “El señor Casado quiere inventar el estado de alarma con otro que no prevé la Constitución y no tiene los controles” necesarios, ha dicho.

Gestión de los 140.000 millones de la UE

Donde tampoco ha habido consenso ha sido en la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica, al menos en los términos que ha planteado Casado a Sánchez este miércoles. Esta figura está incluida en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y Montero ha afirmado que “nosotros la estudiaremos educadamente”. A lo que se ha negado totalmente es a que, como proponía Casado, esta agencia sea la encargada de gestionar los 140.000 millones del Fondo de la UE que se inyectarán a la economía española mediante créditos y transferencias en los próximos tres años.

Según Casado, debería estar presidida por una personalidad “independiente”, como un “exgobernador del Banco de España, del Banco Internacional de Pagos o un excomisario europeo”, con lo que se evitaría el “clientelismo” y el “desfile de lobbies” por Moncloa que ha anticipado si el Gobierno se encarga de gestionar este dinero. Además, permitirá “desvincular las ayudas del Presupuesto”. Todo lo contrario a lo que contempla ministra de Hacienda, que está a la espera de saber cuántos recursos llegarán ya en 2021 para contemplarlos en las cuentas.

“Me parece ofensivo que el señor Casado diga que es para controlar a los lobbies. Todo lo que hace el señor Casado es ofensivo para este Gobierno”, le ha reprochado Montero.

Reforma educativa, ocupación y ministros

Por otra parte, el líder del PP ha enumerado en la rueda de prensa de otras propuestas que ha planteado a Sánchez, a sabiendas de que no iban a ser aceptadas. Una de ellas es que el Gobierno renuncie a la reforma de la ley educativa que ya se ha llevado al Congreso. “No es normal que en plena pandemia se presente una contrarreforma educativa”, ha dicho.

Casado también ha planteado recuperar el “delito de usurpación” para luchar contra “la ocupación ilegal”, de manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar un inmueble “en 48 horas”. Asimismo, ha instado a Sánchez a que reduzca el tamaño de su Gobierno. “De los 22 ministros actuales se podría bajar a 14 ministros”.