El partido de extrema derecha Vox junto con la asociación de abogados Pro Lege han sido admitidos por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón,  como acusaciones populares en la causa que investiga dentro del caso Villarejo relativa al robo del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham.

En un auto, el juez acepta ambas personaciones previo pago de fianzas de 15.000 euros en el caso de Vox y de 10.000 en el de Pro Lege, una asociación de abogados de reciente creación.

Vox se querella contra Pablo Iglesias y Dina Bousselham por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito

De este modo, el magistrado da entrada a Vox en la causa en la que se investiga el robo del teléfono de la exasesora del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en 2015 y la aparición de su contenido en poder del excomisario José Villarejo, único investigado en esta causa.

El partido de Santiago Abascal solicitó su inclusión en el procedimiento como acusación popular el 7 de julio, fecha en la que también presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por el caso Dina después de que el juez retirara a Iglesias su condición de perjudicado.

Vox también presentó una querella ante el juez con un contenido similar al de esa denuncia, si bien García Castellón no la ha admitido por defectos de forma y ha dado diez días de plazo al partido para que los subsane.

El juez mantiene abierta la investigación sobre el robo del teléfono de Bousselham, iniciada para determinar si tuvo relación con un presunto espionaje político a Podemos en el que habría intervenido el excomisario, que siempre lo ha negado.

Iglesias comenzó como perjudicado, pero el juez le retiró esta condición en mayo al apreciar contradicciones entre su versión y la segunda que dio Bousselham sobre el periplo de la tarjeta, que habría llegado de forma anónima a la redacción de la revista Interviú.

El líder de Podemos declaró que cuando la recibió por parte del presidente del Grupo Zeta, ésta funcionaba; mientras que Bousselham dijo que cuando Iglesias se la dio en verano de 2016 -seis meses después de haber sido recuperada-, ya estaba dañada.

Después, al retirarle la condición de perjudicado, la exasesora exculpó a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguró al juez que cuando él se la entregó funcionaba y que luego dejó de hacerlo.

En los últimos meses, el magistrado ha recibido dos informes sobre los supuestos daños de la tarjeta. Uno de una empresa recuperadora de datos que apuntó que cuando se la entregó la pareja de Dina su contenido era "irrecuperable" con los métodos habituales, pero estaba intacta y sin cortocircuitos, por lo que se le podría haber sometido a un procedimiento extraordinario valorado en 600 euros.

En el otro, la Policía Científica concluyó que el dispositivo presenta un lijado que suelen realizar los laboratorios especializados en recuperar información de ese tipo de dispositivos.