Todos los grupos salvo el PSOE han rechazado este lunes el real decreto ley para que los ayuntamientos puedan gastar hasta 5.000 millones de sus ahorros, siempre que antes presten al Gobieno central todos sus remanentes –unos 28.000 millones de los que unos 14.000 estarían disponibles–. La oposición a esta fórmula ha sido constante desde que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la planteó en julio y este lunes los grupos le dejaron claro en el Congreso que, sin cambios a priori, no lo convalidarán. La comparencia de la ministra en la comisión de Hacienda ha concluido su compromiso de continuar hablando sin que de momento hasta el momento de la votación. "Tendremos ocasión de seguir dialogando" hasta que el decreto se debata y vote en el Pleno, algo previsto para la semana que viene.

Sin éxito, la ministra ha intentado este lunes salvar el decreto ley sobre el empleo por parte de los ayuntamientos de sus ahorros abriéndose en el Congreso a introducir cambios a posteriori, mediante enmiendas una vez que el decreto sea convalidado. También se ha comprometido a no ejecutar la parte más polémica, la de los ahorros municipales, y también a dejar sin efecto vía Presupuestos la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2021.

En julio, Montero acordó con la mayoría socialista de la FEMP un mecanismo según el cual los ayuntamientos podían prestar al Gobierno central sus ahorros -un total de 28.000 millones- y, a cambio, Hacienda les permitiría gastar hasta el 35% del dinero prestado, que en total ascendería a 5.000 millones. Desde el PP hasta ERC y Unidas Podemos, los partidos ha rechazado que los ayuntamientos puedan gastar solo esa parte de sus ahorros. Al principio, exigieron que puedan disponer de su totalidad y este lunes la tónica general en el Congreso era aceptar los 5.000 millones, pero siempre que no estén condicionados a que los ayuntamientos antes presten todos sus ahorros al Estado. Así lo ha exigido el PP, pero no ha sido el único. 

A pesar de la oferta de última hora de Montero, la posibilidad de que el Congreso rechace el decreto -algo muy poco habitual pero que el Gobierno de Pedro Sánchez ya comprobó en 2018 con el primer decreto de vivienda- ha sido visto como una posibilidad real este lunes en la comisión de Hacienda. "Los votos no dan, ministra", ha advertido Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, el socio de Gobierno que también rechaza el plan de Hacienda. "El decreto no va a salir, lo sabe usted y lo sé yo, no puede salir con todos en contra solo uno favorable", ha comentado Joan Baldoví, de Compromís. "Cuando es uno el que va a contradirección probablemente la equivocación sea suya".

5.000 frente a 1.000 millones

En este escenario, Montero ha defendido este lunes la solución de Hacienda para que los ayuntamientos puedan gastar por encima del límite que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según ha advertido, su mecanismo les permitirá disponer de 5.000 millones, cuando por ley solo tendrían acceso a 1.000. 

No obstante, ante la dificultad real que contempla el Gobierno para sacar adelante el decreto, Montero ha accedido a que pueda ser modificado posteriormente. De hecho, la ministra se ha comprometido a anular la regla de gasto para los ayuntamientos en 2021 vía Presupuestos

Solo 14.000 millones y 700 millones en intereses

Hasta ahora, Montero había insistido en que los ayuntamientos puedan gastar solo 5.000 millones. Este lunes se ha abierto a encontrar otra cifra aunque ha defendido su mecanismo para utilizar los ahorros de los ayuntamientos que ha empezado por disminuir. Es cierto que tienen ahorrados 28.000 millones, pero solo están disponibles la mitad, unos 14.000 millones. "Son los que estarían disponibles para ser utilizados porque el restos son anticipos de tesorería para tener una reserva para el pago de las nóminas", ha apuntado.

Por otra parte, ha advertido de que con estos miles de millones en el banco los ayuntamientos están pagando "unos 700 millones de euros al año" de intereses. "Los ayuntamientos están pagando dinero" por mantener estos ahorros, algo que Montero ha dicho que es "difícil de entender en la actual situación".

Además, la ministra de Hacienda ha amenazado a los ayuntamientos con que si se cumple lo que dice la ley solo podrán acceder en conjunto a 1.000 millones. Con su "mecanismo novedoso", ha dicho, accederán a 5.000 millones siempre que voluntariamente accedan a prestar sus ahorros a Hacienda, a devolver en un plazo de 10 años.

Montero ha reprochado este lunes a los grupos que han calificado su mecanismo de "confiscación, hurto, robo, palabras groseras". "Aquí no se confisca nada", ha afirmado Montero , que también ha afirmado que el Gobierno "no necesita" los ahorros del los ayuntamientos. "Para nada intenta hacerse con los remanentes de los ayuntamientos, [España] se está financiando en los mercado y tiene los fondos de la UE, no hay un problema de financiación de las administraciones públicas".

Rechazo de todos salvo el PSOE

Justo lo contrario de la "preocupación" que por el PP ha mostrado España sobre el estado de las cuentas públicas para que Hacienda quiera acceder a los ahorros municipales. "Su único objetivo es hacerse con los 14.000 millones para hacer frente a pagos. ¿Tan mal están las cuentas públicas", ha preguntado la portavoz popular.

El PP ha recordado que va a recurrir el mecanismo ante el Tribunal Constitucional y España ha exigido a Montero que "retire el decreto". 

Lo ha hecho en una primera intervención a la que han seguido los portavoces de otros grupos. Como los populares y con distinto tono y motivos, desde Vox hasta Unidas Podemos y ERC han rechazado el decreto. En este último caso, el portavoz de los republicanos, Joan Margall, ha anunciado que los ayuntamientos de ERC y las diputaciones de Lleida, Tarragona y Girona no prestarán sus remanentes a Hacienda. "No van a transferir sus remanentes al Estado porque vulnera el principio de autonomía local, en ningún caso financiarán ni harán de banca al Estado", ha dicho Margall, que ha acusado al PSOE de que "a la hora de la verdad no se diferencia mucho del PP, compran la política de austeridad basada en la asfixia de los ayuntamientos".

Dentro del Gobierno, Unidas Podemos ha mantenido este lunes su oposición al mecanismo de Hacienda, aunque con un tono mucho más suave del que se escuchó hace unas semanas. Según Pisarello, "el problema es el elemento escogido, pretender condicionar fondos que los ayuntamientos merecen", es decir, a que estos antes presenten sus ahorros al Gobierno central. "Hemos negociado duro en la UE para créditos baratos y transferencias no reembolsables, imagínese si la condición que nos hubieran puesto es que depositáramos previamente un aval o fondos propios en un banco de Finlandia, nos hubiera parecido una cosa inaceptable", ha dicho.

Por su parte, partidos como PDeCAT, Compromís o BNG han criticado que la solución de Hacienda sea distinta a la que se encontró para las comunidades, a las que el Gobierno central va a transferir 16.000 millones a fondo perdido y en función de sus necesidades. "El Gobierno puso 16.000 millones para todas las comunidades, si pone 5.000 millones se tiene que repartir entre todos los ayuntamientos", ha dicho Ferrán Bel. 

Por el PNV, Idoia Sagatizabal, ha insistido directamente en que el Gobierno tiene que derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su plasmación en la Constitución a través del artículo 135 que PP y PSOE acordaron modificar de forma exprés en 2011, las leyes a las que Montero se ha referido para defender este lunes el decreto.