Así lo ha indicado tras la reunión que ha mantenido este miércoles con responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para evaluar las iniciativas que se han puesto en marcha para frenar la propagación de la enfermedad.

Estas inspecciones a los locales se llevan a cabo bajo un doble amparo legal. Por una parte, el de la ley de espectáculos autonómica, que permite sancionar a aquellos locales donde se ejerza una actividad diferente a la que contempla su correspondiente licencia, y por otra, la del decreto-ley de régimen sancionador de medidas contra la Covid-19 aprobado el 26 de julio por el Consell.

37 INSPECCIONES Y 10 SANCIONES

El dispositivo especial, puesto en marcha el pasado viernes, ha permitido la inspección de 37 de estos locales: 18 están en la provincia de Valencia, 13 en la de Alicante y 6 en la de Castellón.

En estas 37 inspecciones se ha propuesto sanción para diez establecimientos. En seis de ellos por tener licencia diferente a la actividad ejercida y en los otros cuatro por incumplimiento de medidas contra la Covid-19. Cuatro locales de València cerraron tras la inspección y sus responsables aseguraron que no volverían a abrir.

Al respecto, la consellera ha asegurado que la Generalitat "está actuando en el estricto marco de sus competencias" para afrontar un problema como el de la prostitución y ha instado al Gobierno "a que aborde los cambios legislativos necesarios con una ley integral contra la trata porque no podemos consentir esa nueva forma de esclavitud".

Bravo ha explicado que es muy consciente de que la prostitución que se ejerce en estos locales "supone apenas el 20%" de todo el fenómeno y que el Código Penal solo castiga el proxenetismo, "por lo que la única solución es la abolición de la prostitución porque no es sino otra forma más de violencia y maltrato hacia las mujeres".