El presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, exigió hoy a la Xunta que el sector se incluya entre los que pueden recibir ayudas públicas, en forma de avales para financiar pasivos y circulante, y de este modo paliar los efectos provocados por la crisis.

En una rueda de prensa previa a una reunión con los diputados del PP en el Congreso Ana Pastor, Nava Castro y Javier Guerra, Garrido aseguró que "no se discuten ayudas" a empresas ajenas a la actividad que "entraron y se han salido" del sector, dando "pelotazos", y entre los que citó actividades relacionadas con "el pescado, el automóvil o las entidades financieras". "A estos no se les discute pero sí a nosotros", insistió.

Garrido, que también preside la Federación de Asociaciones de Promotores de Galicia (Feproga), explicó que la promoción inmobiliaria es un "sector profesional atomizado" con mucha pequeña y mediana empresa y, pese a ser un "agente necesario en la edificación", censuró que se haya "demonizado" su actividad en los últimos años y aseguró que este sector "puede activar el empleo a corto y medio plazo".

En este sentido, aseguró que un plan de negocio del sector para los próximos 4 años, significaría entre 40.000 y 50.000 empleos directos y la construcción de entre 10.000 y 15.000 viviendas en ese periodo.

Así, afirmó que su sector aboga por la construcción de la vivienda libre y también por la "vivienda protegida que la sociedad demande, y no más". A este respecto, explicó que un exceso de oferta de vivienda de protección convertiría una "salida de negocio" en un "problema".

Por su parte, la 'popular' Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, se mostró consciente de los "problemas" que padece el sector, "especialmente afectado por la crisis", y censuró que los planes adoptados por el Gobierno "no sirven para paliar" las circunstancias que atraviesa.

Asimismo, aseguró que pese a haber varios planes de rescate, "parece que a las pymes no están llegando", por lo que ratificó su postura de solicitar al Ejecutivo que llegue a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de "reactivar a los sectores más perjudicados" y con "transparencia".

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