El estudio, realizado por el fiscal adscrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, Javier Escrihuela, indica que los padres "no tienen derecho a imponer a la administración educativa la exención de asignaturas obligatorias para sus hijos".

La Fiscalía pide así a la Sala que no estime los recursos que han llegado a la misma en los últimos meses presentados por los padres de varios alumnos contra el silencio administrativo a su objeción por parte de la Comunidad Autónoma.

Afirma el fiscal al referirse a la asignatura cuestionada que "el estudio de los textos constitucionales y de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, que, sin duda, suponen Códigos Éticos o Constitución de Constituciones, normas supremas sobre las que se orienta el resto del ordenamiento jurídico, en nada afecta a la ética personal ni moral".

Escrihuela cita varias sentencias del Tribunal Constitucional para afirmar que el derecho a la objeción de conciencia establecido en el artículo 30 la Constitución no comprende la planteada por los padres contra esta asignatura.

"Los principios que inspiran esta disciplina, en general, no pueden suscitar duda alguna sobre su constitucionalidad", concluye, por lo que pide al tribunal que desestime las pretensiones contenidas en las demandas presentadas por los padres.