FCAPA considera que toda la comunidad educativa "debe trabajar para la vuelta a clase en las mejores condiciones sanitarias posibles" y para procurar recuperar la normalidad escolar "lo antes posible", para lo que considera que es "absolutamente necesaria la presencia de los alumnos en el centro educativo".

Así lo ha apuntado en un comunicado en el que ha reiterado su "rechazo absoluto" por el Proyecto de Ley de la ministra de Educación, Isabel Celaá, conocido como LOMLOE, por considerarlo "de carácter ideológico" y que "se aleja del contenido de la Constitución y de lo sentenciado sobre educación tanto por el Tribunal Constitucional como por el Supremo".

Además, FCAPA, que admite que la seguridad absoluta es "imposible" mientras dure la pandemia, ha reiterado las propuestas que ya hicieron públicas el pasado mes de mayo, y que se recogieron en la queja que presentaron ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, "al ser ignoradas, y que se encuentra en trámite.

Entre las medidas propuestas se encontraban la adquisición, por parte de la administración, para su reparto a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, de mamparas protectoras para utilizar en los casos en que sea imprescindible; de un termómetro electrónico por aula para poder tomar la temperatura a los alumnos antes de comenzar cada jornada escolar; la realización de pruebas diagnósticas periódicas PCR, con todas las garantías técnicas, científicas y sanitarias, a toda la comunidad escolar.

"Lo primordial es el interés superior del menor y la salud pública, por encima de consideraciones económicas o de otro tipo. En su momento, ya reclamamos que estas medidas, y todas cuantas se considere oportuno por los actores implicados en la educación, deberían estar implementadas desde el primer día del nuevo curso escolar en todos los centros, en beneficio de toda la comunidad educativa y la sociedad en general", han manifestado desde FCAPA.

Por otro lado, han remarcado que los padres deben ser "tenidos en cuenta ante cualquier medida que se quiera adoptar sobre la salud y seguridad" de sus hijos y han añadido que "la aplicación, vigilancia y seguimiento de todas estas medidas debe realizarse por profesionales sanitarios, descargando a los docentes y titulares de unas tareas para las que no tienen la formación adecuada".