El matrimonio formado por Dina C.S. y Alfonso L.C. abrió una residencia para ancianos en diferentes pisos de su propiedad, que fue clausurada por la Xunta de Galicia por carecer de licencia. El geriátrico estaba ubicado en el primero, el segundo, el cuarto y la buhardilla del número 62 de la calle Castelao de la ciudad de Lugo.

En el escrito de acusación se subraya que esta residencia no poseía "las adecuadas condiciones de limpieza, salubridad y bienestar necesarios para las personas que allí se encontraban". También este inmueble carecía de ascensor, "lo que imposibilitaba que alguno de los residentes bajaran a la vía pública". Desde el año 2000 se acredita la existencia de esta residencia, hasta el 2004 y en ella se alojaban 15 personas.

Cuentas bancarias

"Los acusados, siendo conocedores de la situación de dependencia y deterioro de alguno de los residentes, aprovechando la situación de desamparo en la que se encontraban y la confianza depositada en ellos, consiguieron, ocultando su ilícito ánimo de lucro, figurar como autorizados en las cuentas bancarias de las que ellos eran titulares, teniendo en su poder las correspondientes cartillas bancarias, e incluso sus DNI", sostiene la acusación.

De esta forma, la mujer acusada habría retirado de la cuenta de uno de los residentes, en distintas operaciones desde el año 2001 más de 13.000 euros y su marido sobre 5.000. A otra residente, con demencia senil, se le extrajeron de sus cuentas sobre 7.000 euros.

Justificaciones

En el juicio, celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial, Dina C.S. justificó la retirada de las cantidades porque los inquilinos dejaban de abonar lo estipulado por el alojamiento, que era lo que percibían en concepto de pensión. Además, relató como parte de lo que se había "cobrado" de esta forma lo había invertido, según su versión, en un colchón "antiescaras", una grúa elevadora o una cama.

Esta mujer, que llegó a emocionarse en la sala, atestiguó que en uno de los casos fue el residente el que les transmitió a la pareja que eran su "familia" y quería incluirlos en su cartilla bancaria -"por si me pasa algo", dijo-. La pareja alegó durante el juicio que, en los casos de dos de los supuestos estafados, no los quería  "ni su familia". A uno, afirmaron, lo "echaron de casa sus hijos". "Ellos se aprovecharon de nuestra bondad", reivindicó la imputada.

CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE LUGO