En la instancia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Tristante comunica que si finalmente es obligado a acudir a su centro y resulta contagiado, "sea cual sea el desenlace", su abogado, sindicato y familia están autorizados a reclamar las indemnizaciones oportunas.

Además, ha dictado órdenes para que, si fuera necesario, pongan en marcha las iniciativas legales necesarias con el fin de "dirimir futuras responsabilidades penales de quien fuera menester por obligarme a ejercer mi trabajo en condiciones de elevada peligrosidad".

SE ACOGE A LA LEY

En la exposición de motivos, Tristante recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dictamina que el ejercicio del puesto de trabajo no puede redundar en el desarrollo de enfermedades por parte del trabajador, y hace referencia a "la situación de hacinamiento y elevadas ratios que se da en nuestra comunidad".

En este sentido, añade que en la Región de Murcia están prohibidas las reuniones de más de diez personas, lo que, unido a lo anterior, pone de relieve que es "imprudente" que "se obligue a los docentes a impartir clase a grupos de 30 alumnos, cuatro o cinco horas diarias, durante cinco días a la semana".

"Es una medida que redundará en una expansión del virus sin precedentes, afectando a alumnos, sus familias y, luego, a los más mayores, que son los vulnerables", ha afirmado Tristante en la instancia, en la que también ha apostillado que "los trabajadores de la enseñanza serán los primeros afectados en casos de abrirse los centros".