En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha evaluado el devenir de dicho conflicto, recordando que el pasado mes de junio, la Diputación y los representantes sindicales de su plantilla acordaban suspender de nuevo el calendario de los procesos selectivos correspondientes a plazas actualmente ocupadas por personal temporal o interino de larga duración, a la espera de un pronunciamiento definitivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública respecto a cómo solucionar las situaciones de uso abusivo en las contrataciones públicas o una sentencia firme al respecto.

"Los interinos pueden estar relativamente tranquilos. Mientras no haya una resolución del Ministerio o una sentencia firme de los tribunales, en principio la Diputación no hará exámenes", ha manifestado con relación a los procesos selectivos promovidos por la institución provincial incluyendo plazas actualmente ocupadas por dicho colectivo.

Insistiendo en el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio entre la Diputación y los representantes sindicales de la misma, Rodríguez Villalobos ha advertido de que su institución no puede suprimir "radicalmente" los procesos selectivos afectados por este conflicto, pues es necesario "seguir para evitar la caducidad de las ofertas de empleo público, salvaguardando la seguridad jurídica y los procedimientos", así como tampoco puede consolidar directamente a estos empleados porque "legalmente, no se puede".

En ese sentido, ha defendido la "doble línea de acción" de su institución al "ralentizar" los procesos selectivos para "esperar posibles cambios normativos" por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero al mismo tiempo "evitar la caducidad de las ofertas de empleo público". "Vamos a ralentizar los procesos selectivos aún no iniciados con plazas ocupadas por interinos, garantizando la no caducidad de las ofertas de empleo", ha reiterado.

En paralelo, ha manifestado que la Diputación "no quiere ni mucho menos desprenderse de sus interinos", pues la institución ha invertido "mucho dinero" en su formación. "Soy el primero que estaría encantado de que se queden. Se lo estamos poniendo lo mejor posible para que sigan con nosotros", ha enfatizado.

EL CONFLICTO DE LOS TEMPORALES

Hablamos del conflicto por la situación de los 532 trabajadores interinos de la Diputación de Sevilla ante las ofertas públicas de empleo (OPE) promovidas por la institución en los últimos tiempos, en muchos casos incluyendo las plazas para las cuales fueron contratadas estas personas.

Al respecto, un portavoz de este colectivo explicaba que entre estos interinos figuran "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontan tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

En todo ello incidía el litigio promovido ante la Unión Europea contra la Administración española en demanda de que se declarase trabajadores indefinidos a los empleados públicos españoles incorporados como interinos o temporales pero que suman años y años de servicio por un supuesto abuso de las instituciones en la contratación eventual.

DESENCUENTROS

En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación esgrimía tiempo atrás que en mayo de 2019 acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas (de empleo público) no se celebren hasta que no se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen" tales ofertas de empleo público, el colectivo ha venido avisando de que la institución ha seguido avanzando en los trámites de dichos procesos selectivos, arguyendo la misma que los trámites están destinados a impedir la caducidad de los procedimientos y que no se celebrarían pruebas sin la sentencia.

Ante ello, los interinos insistían en pedir la "paralización absoluta" de los procesos selectivos y su "regularización" como empleados públicos para no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales.

El pasado mes de marzo, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía su sentencia, recogida por Europa Press, determinando que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos".

Tras ello, la Diputación decidía reanudar los procesos selectivos que tenía en marcha y que habían sido suspendidos por el estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, si bien finalmente fue acordado anular los calendarios de los procesos que afecten a personal temporal o interino de larga duración, a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Política Territorial y Función Pública o una sentencia firme de los tribunales españoles.