Aragón implanta desde este lunes la restricción de fumar en la calle si no hay distancia de seguridad

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes, 17 de agosto, la orden que prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre, cuando no se pueda respetar una distancia mínima de dos metros, medida que es aplicable también para dispositivos electrónicos y que entra en vigor en esta misma jornada.

Se trata de la orden SAN/749/2020 del Departamento de Sanidad que recoge actuaciones en materia de salud pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes epidémicos de la COVID-19. Se mantendrán vigente en tanto se conserve la Declaración de Actuaciones Coordinadas aprobada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Aragón ha activado esta medida y otras acordadas entre el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este viernes, 14 de agosto, por considerarlas "necesarias e imprescindibles", según recoge el texto normativo aragonés.

Dichas actuaciones se centran en el control de la transmisión de la COVID-19 en los ámbitos que actualmente son el origen de los brotes epidémicos "de mayor impacto y riesgo" y en medidas que puedan evitar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes que se detectan a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, precisa la orden aragonesa.

En cuanto al resto de restricciones, se establece el cierre de locales de ocio nocturno: Discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones en directo.

Además, en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares, debe garantizarse la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio de barra y en las mesas, con una agrupación máxima de diez personas. El horario de cierre estos locales es la una de la mañana, con imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de la medianoche.

PCR EN RESIDENCIAS

En las residencias de mayores y de personas con discapacidad, se deberán realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros, con 72 horas de antelación como máximo. También se harán a los empleados que regresen de permisos y vacaciones, y a los nuevos trabajadores que se incorporen.

La orden limita las visitas en estos centros a una persona por residente, extremando las medidas de prevención y con una duración máxima de una hora al día. Estas medidas podrán exceptuarse en el caso de las personas estén en proceso de final de vida. Asimismo, se limitan al máximo las salidas de los residentes.

En cuanto a los eventos y actividades multitudinarias, se deberá hacer una evaluación de riesgo por parte de las autoridades sanitarias y en función de este examen, cada evento tendrá que contar con la autorización del Gobierno de Aragón.

En caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en las poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas, como residentes de centros sociosanitarios, barios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas y colectivos vulnerables, entre otros.

Además, se reforzarán los controles para impedir los botellones y otras actividades no autorizadas en la vía pública. En este sentido, las comunidades autónomas y los ayuntamientos aplicarán las sanciones correspondientes.

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