Por estos hechos, los agentes del Seprona investigan en la provincia de Alicante a tres hombres y a una persona jurídica, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, falsedad documental y un delito contra el mercado y los consumidores, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Las incautaciones se llevaron a cabo en una nave y tres supermercados.

Dentro de una investigación a nivel europeo que el Seprona de la Guardia Civil está llevando a cabo en relación al fraude alimentario, las patrullas de Alicante y de Monòver, con la colaboración del Inspector de Pesca Marítima de la Generalitat, los agentes se han incautado de 11.500 kilos de doradas y lubinas por presuntas irregularidades en la determinación de su origen y fecha de caducidad, que podrían constituir un riesgo para la salud de las personas.

Los agentes inspeccionaron las instalaciones de una empresa dedicada al engorde, importación y comercialización de productos pesqueros, ubicada en la zona sur de la provincia de Alicante, donde constaraon que envasaban doradas y lubinas, procedentes de la acuicultura local, cuyo destino final era la venta al consumidor a través de varias cadenas de alimentación.

Asimismo, la empresa importaba las mismas especies desde Turquía. Sin embargo, estos especímenes eran reenvasados y reetiquetados modificando su origen, del turco al español, y cambiando la fecha de captura para darle más amplitud a la caducidad.

Posteriormente, se pudo verificar in situ que el producto había llegado a los establecimientos de venta al público bajo estas condiciones irregulares. Los pescados en venta de los mostradores y neveras tenían un color de agallas o de ojos que no se correspondía con la frescura indicada en las etiquetas.

INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DEL MERCADO

Debido al "considerado riesgo" que suponía el consumo de estos productos por parte de las personas, avalado por los informes de los inspectores de seguridad alimentaria, la Guardia Civil procedió a la inmovilización inmediata, retirada del mercado y destrucción de cerca de 12 toneladas de estos productos, localizados en una nave y en tres supermercados.

Los presuntos autores de este fraude alimentario son tres hombres de nacionalidad española y una empresa, que quedan como investigadas en la causa. Ahora, la labor del Seprona continúa para determinar cuánto tiempo podría llevar la mercantil realizando esta actividad ilícita y, por consiguiente, cuántos productos se han podido poner a la venta en el mercado.