La jueza cree que hay indicios de “violencia física leve” en el caso del magistrado Valdés y lo envía al Supremo

Fernando Valdés (d), uno de los cuatro candidatos propuestos por los grupos del Congreso para ocupar sendas vacantes en el Tribunal Constitucional.
Fernando Valdés magistrado del Tribunal Constitucional.
EFE

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en Violencia Sobre la Mujer, Elena Garde, acordó hoy trasladar al Tribunal Supremo el expediente relacionado con la detención esta misma semana del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, al considerar que hubo un episodio de “violencia física leve”.

Se le acusa de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal. La magistrada acordó la libertad de Valdés ayer miércoles, tras ser detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la supuesta comisión de un delito de violencia de género sobre su mujer.

El asunto será estudiado por la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo. La jueza aprecia indicios de delito de maltrato en el ámbito familiar, y por eso remite el caso al TS donde el magistrado Valdés es aforado. Este supuesto está castigado con hasta un año de prisión o servicios a la comunidad cuando se causa a la pareja "menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad” o se produjeran golpes sin causar lesión.

La autoridad judicial adoptó esta decisión tras valorar el estado de salud y la edad del detenido (75 años), teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada del Covid-19 y que, por su condición de magistrado del TC, está aforado ante el Tribunal Supremo. Precisamente, el paso que da ahora es el preceptivo para traspasar las diligencias al TS.

El magistrado del Constitucional fue detenido la madrugada del martes en su domicilio de Majadahonda tras haber recibido la Guardia Civil un aviso por la presunta comisión de un delito de violencia de género sobre su esposa.

Valdés fue puesto a disposición judicial en su municipio, pero su causa deberá pasar al Tribunal Supremo por la condición de aforado de este vocal del TC. Según la normativa vigente para los aforados, su detención sólo se pudo producir al haber sido sorprendido en delito flagrante, es decir, en el momento de cometerlo.

En sus primeras declaraciones, su pareja negó que se hubiera producido un delito de violencia de género, aunque admitió que discutieron y ambos se gritaron. El Tribunal Constitucional emitió un comunicado en el que pedía respeto a la presunción de inocencia.

Ese comunicado se emitió después de que Valdés informara al presidente del TC, Juan José González Rivas, del contenido de su declaración y la de su esposa. En la comparecencia ante la jueza ambos admitieron haber discutido a gritos en terraza de su domicilio. Desde un parque cercano, unos jóvenes vieron al hombre agarrar a la mujer por el brazo y meterla dentro de la casa, por lo que llamaron a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los agentes acudieron a la vivienda y la esposa restó importancia a los hechos y dijo que no pensaba denunciar nada. Los agentes volvieron en dos ocasiones más a la casa y en su última visita detuvieron al magistrado y lo trasladaron al hospital con un cuadro de ansiedad.

A la hora de decidir la detención, jugó un papel decisivo la declaración de los testigos, tres jóvenes que oyeron desde el parque como una mujer de avanzada edad pedía “ayuda” y “socorro” a gritos desde la terraza de su casa. Fueron ellos los que llamaron a la Guardia Civil y mientras los agentes llegaban, llamaron insistentemente al telefonillo de la vivienda hasta que consiguieron que Valdés les abriera, asegurándoles que no pasaba nada. Su esposa dijo a la jueza que no había sido maltratada y se negó a pasar ningún examen forense.

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