La investigación se produjo a raíz de que el Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas tuvo conocimiento, el pasado 18 de julio a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, de la colaboración ciudadana que solicitaba el Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria para identificar un camión que en la madrugada de ese día, al salir del túnel Adolfo Cañas de la autovía GC-1, había realizado una maniobra de cambio de sentido e incorporado en sentido contrario a la calzada sentido descendente de la autovía GC-3.

Posteriormente, había circulado cerca de un kilómetro hasta el carril de incorporación a la vía GC-100, que conduce a Marzagán, con grave riesgo para la vida y la integridad física de las personas, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Esto hizo que el GIAT recabara toda la información del Centro de Control de Túneles de La Laja, dependiente del Servicio de Carreteras referido, y tuviera acceso a la copia de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del tráfico de las que están dotadas las distintas vías de alta capacidad.

De este modo, tras analizar las imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia del tráfico, tanto del túnel mencionado como de las situadas en otros puntos de las vías próximas, pudieron conocer que el camión pertenecía a una empresa de la isla, por lo que solicitaron la colaboración de los responsables de la misma.

Así, los agentes pudieron conocer y situar en el escenario de los hechos a un vehículo en particular, así como al presunto conductor y responsable de los hechos, que resultó ser un vecino de Valsequillo.

Asimismo, los agentes del GIAT, a través de la Consejería de Movilidad y Transportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, comprobaron que esta persona había solicitado y obtenido un duplicado de la preceptiva tarjeta de conductor, alegando un supuesto extravío de la original, con la presunta intención de hacer un uso indistinto de las mismas para dificultar la labor inspectora.

Por todo ello, el investigado y las diligencias instruidas serán entregados en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a las penas por este tipo de delitos, están recogidas en el artículo 380 del Código Penal en España, y pueden ir de seis meses a dos años de cárcel, así como privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Además La Ley de Ordenación del transporte de mercancías por carretera (Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías), a través del Reglamento que la desarrolla, sanciona como infracciones muy graves con sanciones económicas de 4.000 euros la obstrucción total o parcial a la labor inspectora y con 2.000 euros la tenencia al unísono de dos tarjetas de control por parte de un conductor.