Así lo ha subrayado Álvarez al ser cuestionada, este miércoles, por la sentencia del Juzgado de lo Social Número 1 de Santander hecha pública ayer, martes, y que estimaba en parte la demanda interpuesta por el sindicato Trabajadores Unidos contra el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno de Cantabria.
En ella, el juzgado declaraba la existencia de una vulneración del derecho a la salud de los trabajadores del CAD de Sierrallana por un "tardío cumplimiento" de las medidas de prevención de seguridad e higiene frente al COVID-19 durante las primeras fases de la epidemia.
Aunque Álvarez entiende que "el juez tiene que actuar conforme a la legislación vigente", la consejera ha remarcado que esa vulneración del derecho a la salud de los trabajadores del CAD de Sierrallana se produjo antes del 20 de marzo, al inicio de la pandemia, y cuando aún no se disponían de medios de protección suficientes.
"Dentro de ese contexto hay una situación que se produce en el Cantabria, en el CAD de Sierrallana, como se hubiera podido producir en otros centros. Es algo que ocurrió por la falta efectiva en la adquisición de equipos de protección dio lugar a esa situación que causó un perjuicio a los trabajadores reconocido por la sentencia", ha indicado.
La consejera ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, durante su visita a la nueva residencia de Mensajeros de la Paz en Suances, que desde esta semana acogerá a positivos de coronavirus procedentes, principalmente, de otras residencias de mayores.
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