En el caso de Sevilla, si finalmente se ratifica el acuerdo, el Ayuntamiento "podrá elegir entre amortizar la deuda bancaria o participar en la línea de financiación habilitada por el Ministerio, que en la ciudad se destinará a proyectos de reactivación económica, generación de empleo y protección social en cumplimiento de los acuerdos aprobados por unanimidad en julio pasado", señala en un comunicado.

Así, el Ayuntamiento podría participar entre este año y 2021, de forma directa y sin necesidad de devolución en un fondo extraordinario del Estado de 5.000 millones de euros, en una cantidad aún por definir, en función del superávit municipal que preste. La cifra municipal prestada al Estado "sería íntegramente devuelta anualmente a partir de 2022 con capacidad para generar un nuevo recurso extraordinario de inversión".

A ello hay que sumar igualmente, el acceso por parte de la ciudad a una financiación extra para amortiguar las pérdidas de las empresas municipales de transporte urbano durante la crisis de la Covid-19 que también habilita el Estado por valor total de 400 millones de euros.

Esto supone en la práctica que, de poder aplicarse el acuerdo de la FEMP, Sevilla podrá disponer de entre 12 y 15 millones de euros extra presupuestarios y a fondo perdido entre 2020 y 2021 para ejecutar inversiones o gasto social, "sin que computen como techo de gasto y sin tener que devolverlos al Estado". A partir de 2022 el Ayuntamiento volvería a contar con recursos extraordinarios de inversión provenientes de la devolución anual del superávit prestado al Estado.

En el caso del fondo para el transporte urbano, Tussam podría acceder también sin necesidad de devolución al Estado de en torno a 20 millones de euros. El Ayuntamiento tiene en estos momentos casi 120 millones en entidades bancarias de los cuales la mayor parte se corresponde con gastos comprometidos. Este acuerdo afecta a los remanentes -ingresos por encima de gastos- que de acuerdo con el actual sistema de contabilidad ascendían a 15 millones en 2019 de los que 3 millones ya se pudieron ejecutar.

Esta cifra podría variar en función de los términos finales del decreto y del modelo de cálculo que se aplique para el superávit. Existe la garantía de que se obtengan fondos por una cuantía superior al importe del préstamo al Estado.