Carazo, que ha mantenido una reunión con la alcaldesa de Marbella, ha indicado que la comisión de coordinación estará integrada por representantes de la Administración autonómica y municipal y a ella podrán incorporarse representantes de las administraciones sectoriales, ya sea de la Junta de Andalucía o del Gobierno central, cuyos intereses puedan verse involucrados en el PGOU.

"Esta mesa técnica de coordinación se entiende como una herramienta clave para promover la colaboración entre administraciones desde el principio del proceso", ha agregado Carazo, que ha destacado que la Junta ofrecerá a los ayuntamientos andaluces grupos de trabajos para ayudarles en la redacción de los planes generales.

"La colaboración institucional y el entendimiento son el camino más rápido para sacar adelante proyectos necesarios para reactivar la economía y generar empleo", ha señalado, y ha agregado que la medida nace con vocación de apoyar a las administraciones locales en la tramitación de sus planes urbanísticos "en un contexto de gran complejidad generado por la crisis del COVID-19".

La consejera ha considerado "primordial tender puentes y vías de diálogo" con los ayuntamientos para facilitar la tramitación de sus planes urbanísticos, "que en los últimos años se han visto sometidos a una maraña de normativas que ha lastrado el desarrollo de sus territorios".

Según la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la comisión permitirá al Gobierno regional "estar presente durante todo el procedimiento y trabajar desde el inicio en un documento conjunto, yendo de la mano en todos los informes sectoriales y de todo aquello que la Junta requiera al Ayuntamiento".

"Se trata de que la Administración autonómica tenga absoluto conocimiento desde el minuto uno de todos los trámites, antes de la aprobación definitiva del Plan, con lo que ganamos un tiempo absolutamente necesario", ha agregado.

Por otra parte, Muñoz ha anunciado que el informe de impacto medioambiental del PGOU ya está redactado y que la intención del equipo de gobierno es elevarlo a pleno en septiembre. "La idea es poder tener la aprobación inicial del PGOU en 2021, la provisional en 2022 y la definitiva, antes de que finalice la legislatura", ha indicado.