Los conductores que circulen con un vehículo que tenga instalado un mecanismo ilegal de detección de radares de velocidad, los conocidos como "anti-rradares", serán castigados con 6.000 euros, la máxima multa que puede recibir un conductor, tres meses de suspensión del permiso de conducir y la pérdida de 6 puntos.

Esta es una de las sanciones que se contemplan en el proyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador en materia de seguridad vial, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.

Además, se reforma la sanción por

Por otro lado, la reforma incorpora una nueva infracción, con la que se sanciona a los talleres y establecimientos de recambios que lo hacen, que serán multados con entre 3.000 y 30.000 euros.