En él se hizo valer "el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, rompiendo de esta forma el consenso en un tema tan trascendental para los municipios españoles".

El acuerdo da vía libre al Gobierno de España "para proceder a incautar los ahorros municipales y margina a los Ayuntamientos que no cuentan con remanentes. Creando en España Ayuntamientos de primera y de segunda", afirman.

Dicho acuerdo, explican en un comunicado de prensa, "deja en la estacada a los ciudadanos de todos aquellos Ayuntamientos que no tienen remanentes, margina al mundo rural y no plantea posibilidad alguna de invertir los remanentes municipales en medidas de fomento y recuperación del empleo".

En base a este acuerdo, continúan, "muchos Ayuntamientos se quedan fuera y no recibirán un solo euro de los 5.000 millones de euros que aportará el Gobierno".

En un asunto tan importante como éste "se ha puesto una cuestión contable por encima de las necesidades de los ciudadanos que se están enfrentando a una crisis económica sin precedentes".

Con todo ello, afirman, "la propuesta del Gobierno no responde a las necesidades de las entidades locales, excluye al mundo rural y a más de 3.000 Entidades Locales que han cerrado 2019 con deuda o no han tenido remanente de tesorería positivo y destruye la autonomía local reconocida en la Constitución".

Las Entidades Locales solicitaron al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones € incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas en situación de riesgo financiero.

El Gobierno ofrece un acuerdo en que el que habilita un fondo de 5.000 millones € (a ingresar a las Entidades Locales entre 2020 y 2021) totalmente condicionado puesto que dicho fondo solamente se repartirá entre las Entidades Locales que entreguen al gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería a 31/12/2019.

Con todo ello, este acuerdo:

1) implica que las EE.LL. no podrán gastar este año su remanente puesto que estará en manos del gobierno que empezará a devolverlo a partir del año 2022.

2) excluye a 3.508 EE.LL. que según datos del Ministerio de Hacienda a 31/12/2019 tienen deuda y a todas aquellas que tengan un remanente de tesorería negativo. Esto es así porque según la propuesta presentada, el Gobierno repartirá los 5.000 millones € única y exclusivamente entre las EE.LL. que se adhieran al acuerdo y solo podrán adherirse aquellas que tengan RTGG positivo y aquellas EE.LL. con deuda primero deberán amortizar la misma y, tras la amortización, pueden quedarse sin RTGG, es decir, excluidas del fondo.

3) excluye al mundo rural.

4) vulnera la autonomía local consagrada en el artículo 137 Constitución puesto que el acuerdo obliga a las EE.LL. a gastar el dinero recibido (tanto el dinero del fondo de 5.000 millones € como las amortizaciones del préstamo) en una lista de actuaciones definidas por el gobierno, comprometiendo de esta manera dicha autonomía local.

Entre las actuaciones permitidas por el gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos empresas y comercios.

Por todo ello, "como representantes de los municipios riojanos manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta medida injusta y perjudicial para los Ayuntamientos, que son la institución más cercana al ciudadano y un nexo esencial para poner en marcha medidas de reactivación económica y social que no dejen atrás a nadie".