Un día después de que el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, tuviese que emplear su voto de calidad para que saliese adelante el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a esta propuesta; han comparecido en la sede del PP gallego el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar; el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares; y los alcaldes de Lalín, Xosé Crespo; y de Porto do Son, Luis Oujo, para visibilizar la postura rotundamente en contra de una media que, afirman, debe ser "modificada".

Fue Baltar el que planteó la posibilidad de que se presente un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley cuando se convalide en el Congreso, una acción para la que todavía no hay plazo. La adhesión al documento por parte de las entidades locales es "voluntaria", pero en palabras de Crespo, "no les va a quedar más remedio que ir al matadero", porque es un "chantaje" para poder acceder a financiación.

El presidente de la Diputación de Ourense ha planteado, asimismo, que el recurso pueda presentarlo su propio partido, pero también ha instado a los demás que se han mostrado en contra a sumarse a esta posibilidad, que todavía no está hablada. En la votación de la FEMP se expresaron en contra los representantes del PP, Ciudadanos y PdeCat, mientras que el representante de Unidas Podemos se abstuvo, lo que obligó a usar el voto de calidad del presidente de la federación para que saliese adelante el apoyo al documento.

"Agotaremos todos los medios, un recurso de inconstitucionalidad o una cuestión de constitucionalidad, porque va en contra de la autonomía local de los ayuntamientos", ha esgrimido Baltar, quien considera que "una opción que sería a considerar" es que su propio partido y las fuerzas que se expresaron en contra presentasen esta cuestión ante los instancias pertinentes.

Con todo, todavía "no se habló", ha explicado y ha recordado que "falta el recorrido" que el documento tenga en el Congreso, ya que no está convalidado. "Vamos a esperar al contenido y luego el proceso de convalidación parlamentaria", ha abundado, si bien se ha mostrado seguro de que "está claro de que vulnera" las competencias locales y "existen esas posibilidades legales" avanzadas.

"RUPTURA DEL CONSENSO"

En la rueda de prensa, Baltar Blanco ha denunciado que lo vivido este lunes en el seno de la FEMP ha sido "la ruptura del consenso y el acuerdo que siempre ha caracterizado" a la federación de municipios. "Pedro Sánchez pervirtió a la FEMP", lamentó, y agregó que tuvo la ayuda como "tonto útil" de su presidente, Abel Caballero. El voto de calidad, "la puntilla" al acuerdo, "inaceptable".

Baltar, que ha censurado que durante la pandemia solo se reunieron en una ocasión las administraciones locales y el Gobierno central, ha criticado que no se ha tenido en cuenta las demandas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

"Lo que se nos impone por parte del Gobierno es un documento que no aporta ni un solo euro a las entidades locales, reflejan la insolidaridad, e ignoran por completo a los ayuntamientos del medio rural", ha apuntado Baltar Blanco, quien ha censurado el "expolio y confiscación" por parte del Gobierno central.

"Rechazamos esta propuesta, rechazamos que se produjese esta ruptura del municipalismo y de los consensos. Había alternativa: no enviar el documento el domingo por la tarde y el diálogo", ha aseverado el dirigente popular, que ha reprobado que Abel Caballero es "víctima del uso partidista de la Fegamp" por parte de Pedro Sánchez.

"SOLO BENEFICIA A LAS CIUDADES"

Por su parte, el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares, ha advertido de que este documento "solo beneficia a las ciudades" y "va en contra" de la reclamación hecha por el municipalismo. Así, ha advertido de que "el dinero de los vecinos no puede ser incautado, de la noche a la mañana" por la Administración central "por una mala gestión" del Gobierno central.

"Los alcaldes del PP, dentro de la Fegamp, lo vamos a rechazar", ha avanzado Villares, mientras que el alcalde de Lalín, Xosé Crespo, ha asegurado que "en 26 años como alcalde no había visto una tropelía más grande cometida".

Es más, se ha llegado a preguntar si "vale le pena" pagar una cuota a una federación de municipios que firma este tipo de documentos. Dicho esto, ha indicado que la Fegamp debería tener participación directa en este tipo de decisiones y no de forma "centralizada". "La Fegamp no pintó nada y los ayuntamientos pequeños también somos de dios", ha señalado Crespo, quien ha lamentado que "no les va a quedar más remedio que ir al matadero" si finalmente se convalida el documento, porque "no es voluntario, es forzoso".

Crespo ha lamentado que los municipios más pequeños "son el patito feo" de las administraciones, pero si hay ese remanente es porque "los vecinos pagaron sus impuestos". Además, ha ejemplificado con que "qué le importa" a un pequeño ayuntamiento que les dejen gastar los fondos que luego se transferirán en transporte público si quizás ese ayuntamiento no tiene ese servicio y lo que necesita, por ejemplo, es invertir en alcantarillado.

"Un poco de sentido", ha pedido, para lamentar que "es la primera vez que esto ocurre en democracia". "Especialmente, ahora somos un cero a la izquierda, pero vamos a hacer valer nuestros derechos", ha enfatizado sobre el documento que el alcalde de Porto do Son ha tildado de "despropósito".

Así, Luis Oujo, que se ha quejado en este contexto los ayuntamientos ya tienen que asumir "más competencias" como las "limpiezas de los colegios" -por el protocolo de las medidas para prevenir el covid-19 de la Consellería de Educación-, ha advertido de las dificultades para los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

"Llevamos año pidiendo que cambiaran la regla de gasto y no solo no la cambiaron", ha lamentado, sino que ahora no puede ejecutar sus remanentes. El alcalde de Porto do Son también ha lamentado que Abel Caballero usase su voto de calidad y "no tuviera en cuenta" a la Fegamp. "Viene una situación muy complicada", ha sentenciado.

Junto a este pronunciamiento, también lo han manifestado distintos cargos populares, como los senadores y diputados por la provincia de Pontevedra que, a través de un comunicado de prensa, se han opuesto a lo que consideran "un chantaje" y "un ataque sin precedentes a la autonomía local".